La Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa aprobó, con cuatro votos a favor y dos en contra, un informe de investigación relacionado con el presunto debilitamiento de la política de seguridad pública y posibles favorecimientos a la delincuencia organizada durante la administración del presidente Rodrigo Chaves Robles.
El informe corresponde al expediente legislativo N.° 24.697, cuyo objetivo fue analizar la eficacia de las políticas públicas en materia de seguridad y determinar eventuales responsabilidades políticas y administrativas. La investigación fue iniciada tras una moción aprobada por el Plenario Legislativo el 14 de noviembre de 2024, en medio de preocupaciones sobre la evolución de la seguridad en el país.
Declaraciones diputada Gloria Navas sobre informe aprobado en Seguridad y Narcotráfico
De acuerdo con el documento, la comisión desarrolló un proceso que incluyó audiencias con autoridades actuales y anteriores, así como con expertos en seguridad y representantes de distintas instituciones del Estado. Entre las entidades consultadas figuran el Ministerio de Seguridad Pública, el Organismo de Investigación Judicial, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional y el Instituto Costarricense sobre Drogas.
El informe analiza decisiones ejecutivas, la asignación de recursos en seguridad, inteligencia y administración de justicia, así como aspectos de coordinación institucional y planificación estratégica. También examina el contexto general de la seguridad en el país, marcado por el crecimiento de estructuras del crimen organizado y su vinculación con redes internacionales, fenómeno que ha tenido impacto en los niveles de violencia registrados en los últimos años.
Declaraciones diputado Gilberto Campos sobre informe
Durante la sesión en la que se aprobó el informe, se registraron intervenciones de la diputada Gloria Navas y del diputado Gilberto Campos, quienes se refirieron al contenido del documento y al proceso desarrollado por la comisión.
El informe forma parte del ejercicio de control político del Poder Legislativo y no implica determinaciones de carácter penal. Su contenido será remitido al Plenario Legislativo, instancia que deberá definir el trámite correspondiente conforme a los procedimientos parlamentarios.
En el marco de los trabajos de la misma comisión, también se analizó el veto total del Poder Ejecutivo al decreto legislativo N.° 10.879, relacionado con la Ley de Ejecución de la Pena y de las Medidas de Seguridad Curativas, tramitado bajo el expediente 24.019. Este proceso se vincula con las discusiones legislativas sobre el sistema penitenciario y la respuesta institucional ante la criminalidad.
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