El Sindicato de Personas Trabajadoras Jubiladas y Pensionadas del Poder Judicial informó este jueves la interposición de una denuncia penal ante el Ministerio Público contra el Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, por hechos que, a criterio de la organización, podrían constituir delitos contra el orden constitucional, instigación pública, abuso de autoridad, amenazas a funcionario público, incumplimiento de deberes y uso indebido de fondos públicos.
La denuncia fue presentada por Sonia Sandí Zúñiga, Secretaria General Adjunta a.i. del sindicato, quien argumenta que las declaraciones emitidas por el mandatario en distintos espacios públicos y oficiales evidencian un patrón de confrontación institucional hacia el Poder Judicial.
Entre los hechos señalados se incluyen manifestaciones realizadas el 22 de abril de 2026 durante una conferencia de prensa del Poder Ejecutivo, en las que el Presidente utilizó calificativos ofensivos contra el Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, se hace referencia a declaraciones del 24 de abril en un evento público, donde el mandatario expresó que “falta el Poder Judicial”, lo cual, según el sindicato, sugiere una intención de interferir en la independencia de ese poder del Estado.
El documento sostiene que estas acciones no corresponden a críticas institucionales, sino a expresiones que podrían incidir en la deslegitimación de la función judicial y afectar el principio de separación de poderes consagrado en la Constitución Política.
En el apartado jurídico, la denuncia plantea que los hechos podrían encuadrarse en figuras penales como instigación pública o propaganda contra el orden constitucional, amenazas a funcionario público, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y peculado, entre otros.
Como parte de la prueba, se aportan registros audiovisuales de conferencias de prensa, eventos públicos y documentación sobre el uso de recursos estatales en las transmisiones oficiales.
El sindicato solicitó a la Fiscalía General admitir la denuncia, abrir la investigación correspondiente y realizar las diligencias necesarias para determinar eventuales responsabilidades. Además, pidió que, de existir mérito suficiente, se proceda conforme a derecho para gestionar el levantamiento de la inmunidad del mandatario ante la Asamblea Legislativa.
La organización indicó que esta acción responde a la necesidad de resguardar la institucionalidad democrática y el respeto entre los poderes del Estado.
Apoya el periodismo independiente
Donar ahora