El abogado Frank Paniagua Mendoza presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra tres jueces del Tribunal Colegiado de Primera Instancia Civil de Nicoya por los presuntos delitos de prevaricato e incumplimiento de deberes, en relación con actuaciones dentro del expediente judicial 20-000005-1632-CI.
La denuncia fue interpuesta contra los jueces Mauricio Jiménez, Carlos Ruiz y José Carlos Aguilar Bonilla.
Según el documento presentado, los hechos se relacionan con una medida cautelar de embargo preventivo decretada sobre un inmueble inscrito registralmente a nombre del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el cual forma parte de una disputa judicial vinculada al sucesorio de Manuel Paniagua Rodríguez.
De acuerdo con la denuncia, el inmueble habría sido incluido en el inventario del proceso sucesorio debido a un litigio contencioso-administrativo que busca reivindicar supuestos derechos sobre la propiedad. El denunciante sostiene que el bien estatal no podía ser objeto directo de embargo, sino únicamente los eventuales derechos litigiosos o expectativas patrimoniales derivadas del proceso.
Asimismo, Paniagua Mendoza argumenta que la demanda ordinaria de daños y perjuicios tramitada en la vía civil sería “jurídicamente improponible”, debido a que la pretensión indemnizatoria ya se encontraría ventilándose en la jurisdicción contencioso-administrativa, lo que —según señala— generaría duplicidad de procesos y riesgo de resoluciones contradictorias.
En la denuncia se afirma que, pese a esas circunstancias, los jueces admitieron la demanda y mantuvieron la medida cautelar sobre el inmueble en disputa. El abogado sostiene que las resoluciones cuestionadas habrían permitido la afectación registral de un bien inscrito a nombre del Estado, sin que el ICT figurara como demandado ni deudor en el proceso.
El escrito también menciona a los abogados Robert Morales Vargas y Mauricio Salas, quienes, según la denuncia, actuaron como apoderados especiales judiciales de las sociedades North Península Holding NPH Ltda. y Ecodesarrollo Papagayo Ltda.
Como parte de la prueba ofrecida, el denunciante aportó copia certificada del expediente judicial, certificaciones registrales del inmueble, resoluciones relacionadas con el embargo y documentación del proceso contencioso-administrativo señalado.
Entre las solicitudes planteadas ante la Fiscalía se incluye la apertura de una investigación formal, la recepción de declaraciones a los jueces denunciados y la eventual determinación de responsabilidades penales, en caso de acreditarse los hechos señalados.
Hasta el momento, las personas mencionadas en la denuncia no se han referido públicamente a los señalamientos.
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