Costa Rica ha sido incluida nuevamente por Estados Unidos en la lista de los 23 principales territorios de tránsito o producción de drogas ilícitas para el año fiscal 2027. Esta clasificación fue establecida por una determinación presidencial firmada el 11 de septiembre de 2026 y publicada el 18 de septiembre en el Registro Federal estadounidense.
La Universidad Estatal a Distancia (UNED) ha alertado que la permanencia del país en esta lista refleja un problema de seguridad que trasciende el simple traslado de cargamentos de droga hacia otros mercados. Karen Jiménez Morales, encargada de la Carrera de Ciencias Policiales de la UNED, señaló que las organizaciones criminales han ampliado sus operaciones, estableciendo estructuras logísticas y redes locales para almacenar, custodiar, distribuir y vender drogas tanto a nivel nacional como internacional. Un ejemplo de esto es una investigación de la DEA sobre una célula que presuntamente usaba pistas clandestinas en Guanacaste para el tráfico de cocaína hacia México y Estados Unidos.

Jiménez Morales indicó que la consolidación de estas organizaciones genera consecuencias directas para las comunidades costarricenses, incluyendo corrupción, lavado de dinero, reclutamiento de jóvenes y disputas territoriales que contribuyen a la violencia homicida. La especialista enfatizó que la respuesta institucional no debe limitarse a los decomisos y detenciones, sino que debe incorporar el fortalecimiento de la seguridad portuaria, la inteligencia criminal, la investigación financiera y la cooperación internacional, además de estrategias para reducir las desigualdades sociales que hacen a las comunidades vulnerables al reclutamiento criminal.
Ante este escenario, la Carrera de Ciencias Policiales de la UNED anunció jornadas de trabajo con diputaciones de la Asamblea Legislativa. Estos encuentros tienen como objetivo aportar conocimiento académico y técnico para el análisis de iniciativas relacionadas con la prevención social de la violencia, el crimen organizado, la seguridad ciudadana y el fortalecimiento institucional, buscando que las decisiones legislativas se basen en evidencia.




Fuente: Infobae
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