Costa Rica. Dieciocho organizaciones nicaragüenses en el exilio han solicitado formalmente al Tribunal Administrativo Migratorio (TAM) de Costa Rica que impida la devolución de Carlos Calero Hurtado, un opositor campesino. Las entidades argumentan que su retorno a Nicaragua lo expondría a detención arbitraria, tortura y desaparición forzada bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La petición, presentada a través de una carta al tribunal, estuvo acompañada por un plantón en San José en el que participaron más de 12 activistas nicaragüenses. El reclamo se fundamenta en el principio de no devolución, establecido en instrumentos internacionales de derechos humanos para proteger a individuos que podrían enfrentar persecución o daños graves en sus países de origen.
Wendy Marenco, integrante de la organización Exiliados Unidos Nicaragüenses en Costa Rica (EUNCR), afirmó que las organizaciones se unieron para exigir que las autoridades costarricenses no deporten a Calero. Marenco declaró: “Nos sumamos en una sola voz, la no deportación del señor Carlos Calero Hurtado a Nicaragua, puesto que su vida correría grave riesgo si es entregado al régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo”.
Calero fue detenido en Nicaragua después de participar en las protestas de 2018 en el departamento de Río San Juan. Es campesino, opositor y exmiembro de la Resistencia Nicaragüense (la Contra), una fuerza armada que enfrentó al sandinismo en la década de 1980. Durante ese periodo, trabajó como operador de radiocomunicaciones para la Contra y sufrió una herida de bala en el brazo izquierdo. Décadas más tarde, se unió a la organización Resistencia Campesina y participó en las protestas de 2018.
El 13 de diciembre de 2018, Calero fue encarcelado en Nicaragua por motivos políticos, según el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX). Tras su liberación, huyó a Costa Rica y solicitó protección internacional. Su caso migratorio tomó un nuevo rumbo el 7 de abril de 2026, cuando acudió voluntariamente a la Unidad de Refugio de Ciudad Quesada para formalizar su situación documental. Según GREX, las autoridades costarricenses lo detuvieron y lo trasladaron a un centro de aprehensión migratoria.
Posteriormente, la Comisión de Visas Restringidas y Refugio denegó su solicitud de refugio, abriendo la posibilidad de su devolución a Nicaragua. Esta decisión fue lo que motivó la presentación de las organizaciones ante el TAM.
Guadalupe Villalta, exiliada en Costa Rica e integrante de la Articulación de Movimientos Sociales, respaldó el reclamo, señalando que el perfil político de Calero eleva los riesgos de una deportación. Villalta sostuvo: “El régimen ha demostrado estar en contra de ciudadanos que han sido resistencia activa. Por eso es que no puede el Estado de Costa Rica deportar a este ciudadano”.
Marenco también hizo referencia a los casos de Javier Álvarez y Gamaliel Reyes, otros nicaragüenses extraditados desde Costa Rica. Sobre Reyes, aseguró que permanece en una situación de “desaparición forzada”. Heydi Salazar, también exiliada en Costa Rica, instó a las autoridades costarricenses a evitar que Calero enfrente un destino similar al de otros opositores enviados a Nicaragua.
Las 18 organizaciones insistieron en que el TAM evalúe el caso bajo el principio de no devolución y considere el riesgo que, según denuncian, enfrentaría Calero si regresa a Nicaragua. El país centroamericano atraviesa una crisis social y política desde abril de 2018, cuando comenzaron las protestas contra el régimen.
Fuente: Infobae
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