Costa Rica | El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica ha expresado su inquietud por la entrada de criptoactivos en el financiamiento político y el incremento de investigaciones sobre el origen de los fondos. En respuesta a esta situación, el organismo busca fortalecer la trazabilidad de los recursos privados, especialmente ante operaciones de alto valor y nuevas modalidades de movimiento de dinero hacia los partidos políticos.
Según reportó CRHoy, el TSE ha iniciado un plan piloto para implementar el Sistema Integral de Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos. Esta plataforma, diseñada para supervisar las cuentas partidarias en tiempo real, comenzó con la capacitación de representantes de 11 agrupaciones políticas, con el respaldo del Instituto de Formación y Estudios en Democracia.
La nueva herramienta incluirá un módulo contable adaptado al financiamiento electoral costarricense y otro dedicado a los certificados de cesión, abarcando desde su emisión hasta su colocación. Asimismo, permitirá controlar las cuotas de militancia, los aportes recibidos por las agrupaciones y los préstamos.
Los estudios de solvencia aplicados a donantes o compradores de bonos de deuda han mostrado un aumento significativo, pasando de 83 en 2022 a 155 en la campaña presidencial de 2026. Esta revisión ha cubierto recursos por ₡3.400 millones (equivalentes a USD 7.482,52), superando los ₡2.800 millones (USD 6.162,07) analizados en la campaña presidencial anterior. En contraste, durante las elecciones municipales de 2020, el órgano electoral realizó 65 estudios por ₡836.374.719,97 (USD 1.840.643,30), cifra que descendió a 40 procedimientos para los comicios municipales de 2024, correspondientes a ₡503.124.285 (USD 1.107,25).
Estos controles son fundamentales para verificar la identidad del aportante, su capacidad patrimonial y la procedencia efectiva de los fondos. Guiselle Valverde, encargada de Fiscalización de Información Financiera del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, señaló a CRHoy que el reto va más allá de identificar a quien realiza una transferencia o entrega dinero, destacando que las nuevas formas de mover recursos requieren una constante actualización de los métodos de supervisión. “No solo nos preocupa, sino que nos ocupa. Identificar al aportante constituye uno de los elementos esenciales de control”, afirmó Valverde.
El Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos establece un umbral de $10.000 o ₡5 millones para iniciar estudios de solvencia sobre donantes, contribuyentes, financistas, compradores de certificados de cesión, proveedores o prestamistas. No obstante, este límite puede reducirse si se detectan factores de riesgo en operaciones de menor cuantía.
La campaña de 2026 también registró aportes y adquisiciones de certificados de cesión por montos superiores a ₡50 millones (USD 110.037,00) e incluso por encima de ₡100 millones (USD 220.074,00). Valverde indicó que un volumen tan elevado de operaciones individuales no se había observado en procesos electorales previos.
De los 155 estudios relacionados con la última elección presidencial, 15 fueron transferidos al área de investigaciones del departamento para profundizar en el origen y la trazabilidad de los recursos. Hasta el momento, el TSE no ha remitido a la Fiscalía informes sobre posibles irregularidades en donaciones, contribuciones o certificados de cesión de este proceso, ya que, como explicó Ronald Chacón, jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE, los casos se encuentran en una etapa inicial. “Los expedientes relacionados con el más reciente proceso electoral se mantienen abiertos y en desarrollo, en fase de recopilación y valoración de insumos probatorios”, sostuvo Chacón, según CRHoy.
Desde 2022, la atención en las investigaciones administrativas preliminares ha pasado de centrarse en el uso de los recursos y la veracidad de los gastos declarados por las agrupaciones políticas, a enfocarse en el origen de los fondos y las modalidades de aporte. Esta transición se observa en la disminución de aparentes irregularidades ligadas a la liquidación de gastos y el aumento de análisis de solvencia y pesquisas por posibles faltas o delitos electorales relacionados con el financiamiento.
La funcionaria explicó al medio que cinco expedientes de campañas presidenciales han sido enviados al Ministerio Público desde la entrada en vigencia del Código Electoral de 2009. Estos traslados no implican una conclusión de irregularidades por parte del departamento técnico, sino que algunos expedientes fueron solicitados en el marco de investigaciones penales y otros entregados por órdenes judiciales de secuestro de información, debido a que contienen datos protegidos por el secreto bancario.
Fuente: Infobae
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