Colombia | Un expediente de la Fiscalía General de la Nación, conocido por la revista Semana y el medio Desigual, vincula a Carlos Arturo Robles Julio, rector de la Universidad de La Guajira, con una supuesta organización dedicada al envío de cocaína a México, Estados Unidos y Europa. Según los documentos citados, Robles, identificado con el alias de "Kaloy", sería el articulador financiero de la estructura.
Estas acusaciones forman parte de una investigación iniciada en 2023, la cual se fundamenta en declaraciones de personas procesadas por narcotráfico que negociaron beneficios judiciales con autoridades colombianas y estadounidenses. El presidente Abelardo de la Espriella ordenó una investigación en la Universidad de La Guajira el 17 de septiembre de 2026, solicitando que se revisen las actuaciones del rector. Robles ha negado los señalamientos, afirmando estar dispuesto a comparecer ante la justicia.
El expediente se refiere a esta red como el "Cartel de La Guajira", la cual habría operado en varias regiones de Colombia y mantenido conexiones para el transporte de cargamentos de droga hacia el exterior. La organización bajo investigación habría coordinado la compra, transporte y despacho de cocaína desde zonas como La Guajira y Norte de Santander, utilizando aeronaves y lanchas rápidas con destino a Estados Unidos. La red tendría presencia o contactos en ciudades como Bogotá, Medellín, Montería, Cumaral (Meta), Turbo y Apartadó (Antioquia).
La Fiscalía también examina una posible conexión con rutas de droga hacia México, vinculadas con el Cartel de Sinaloa. La investigación habría comenzado tras la incautación de un cargamento de cocaína, lo que llevó a capturas y extradiciones de varios presuntos miembros de la estructura. Algunos de estos habrían proporcionado información a la Fiscalía y a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).
Entre los investigados, según un informe de la Fiscalía y la Policía Nacional, se encuentra Kevin Simón López, exsecretario de Gobierno de Maicao, quien fue extraditado. Se plantea que la red habría usado contactos en entidades públicas, la comunidad académica y organismos judiciales para proteger sus actividades. Carlos Arturo Robles es señalado como presunto financiador de los envíos de droga, utilizando su cargo en la Universidad de La Guajira como fachada. Sin embargo, el reporte no indica una sentencia o acusación formal pública en su contra por estos hechos. Robles ha declarado que los señalamientos son una "persecución" y no teme enfrentar una eventual acción judicial en Estados Unidos. Permanece al frente de la Universidad de La Guajira, habiendo sido reelegido para un nuevo período de cuatro años y acumulando más de 14 años en la rectoría.
La investigación también aborda una presunta filtración de información judicial por parte de una funcionaria del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía en Riohacha. Según un informe de 287 páginas, esta funcionaria habría tenido acceso a datos reservados y los habría compartido con miembros de la organización o su entorno. Se menciona que la funcionaria tendría vínculos personales con personas señaladas de pertenecer a estructuras narcotraficantes.
Paralelamente, se indaga otro proceso relacionado con la compra de un predio por parte de la Universidad de La Guajira, con presuntas irregularidades en avalúos. El Ministerio de Educación solicitó a la Fiscalía una asignación especial para esta investigación, debido a la relevancia del caso. El presidente Abelardo de la Espriella se refirió públicamente a estas denuncias, pidiendo que se investiguen los posibles hechos de corrupción. Las autoridades también investigan un posible lavado de activos mediante establecimientos comerciales y propiedades de alto valor, según memorandos entre la Fiscalía colombiana y la DEA. Se busca determinar la relación de estos bienes con actividades ilegales, sus propietarios reales y el origen de los recursos para su adquisición. Ambas investigaciones se encuentran en fase de indagación.
Fuente: Infobae
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