Perú | Las Elecciones Regionales y Municipales de Perú, programadas para el domingo 4 de octubre de 2026, implementarán una serie de restricciones que incluyen la prohibición de venta de bebidas alcohólicas, así como de actos políticos y propaganda electoral.
La denominada 'ley seca' entrará en vigor a partir de las 8:00 a.m. del día previo a los comicios, es decir, el sábado 3 de octubre, y se extenderá hasta las 8:00 a.m. del día posterior a las elecciones, el lunes 5 de octubre. Esta medida, amparada en el artículo 351 de la Ley Orgánica de Elecciones (Ley N.º 26859), prohíbe la venta, expendio y suministro de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional.
La restricción abarca a discotecas, bares, restaurantes, licorerías, supermercados, bodegas y centros de entretenimiento, e incluye la prohibición de consumo de alcohol en locales públicos, la venta para llevar y la distribución mediante servicios a domicilio. Aquellos que infrinjan esta normativa se exponen a penas de prisión de hasta seis meses, según el artículo 390 de la ley electoral, además de posibles multas e inhabilitaciones administrativas impuestas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Los gobiernos locales también tienen la facultad de ordenar la clausura temporal o definitiva de los comercios infractores y confiscar las bebidas comercializadas.
Adicionalmente, se prohibirán las reuniones y manifestaciones públicas de carácter político desde 48 horas antes del inicio de la votación, específicamente a partir de la medianoche del viernes 2 de octubre, conforme al artículo 190 de la Ley N.º 26859.
La difusión de propaganda electoral, por su parte, deberá cesar desde la medianoche del sábado 3 de octubre, 24 horas antes de la jornada electoral. Esta prohibición abarca radio, televisión, prensa escrita, medios digitales, caravanas y la distribución de folletos. El incumplimiento de estas disposiciones puede acarrear penas de prisión de hasta dos años, según el artículo 388 de la legislación electoral. El objetivo de estas restricciones es asegurar que los ciudadanos puedan ejercer un voto libre e informado.
La fiscalización de estas medidas estará a cargo del JNE, a través de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales, así como de los Jurados Especiales Electorales desplegados en todo el país. Se realizarán operativos inopinados y patrullajes en zonas de alta concurrencia comercial, con la colaboración de la Policía Nacional del Perú, las Fuerzas Armadas, el serenazgo municipal y el Ministerio Público, mediante las Fiscalías de Prevención del Delito. En casos de flagrancia, las fuerzas de seguridad intervendrán los locales infractores y pondrán a los responsables a disposición de las autoridades.
Fuente: Infobae
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