La Corte Suprema de Argentina establece límites claros a las tasas municipales

Argentina | La Corte Suprema de Justicia de Argentina ha emitido fallos recientes que establecen límites claros a la creación y cobro de tasas municipales, buscando diferenciar entre una tasa legítima y un impuesto encubierto. Estos pronunciamientos, particularmente los del 10 de septiembre de 2026 en los casos “Banco de Galicia c/ Municipalidad de Córdoba” y el de una mutual ferroviaria contra la Municipalidad de Pergamino, refuerzan la doctrina que exige una contraprestación efectiva y una proporcionalidad entre el monto recaudado y el costo del servicio.

Tradicionalmente, los municipios han multiplicado los tributos que denominan tasas, aunque en la práctica funcionan como impuestos. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, el país cuenta con 155 tributos distintos, de los cuales 85 son municipales. Una encuesta de la Unión Industrial Argentina reveló que más del 80% de estas tasas no tienen una contraprestación de servicios que las justifique, y casi la mitad no guardan proporción con el servicio que dicen retribuir, generando en un tercio de los casos una doble imposición.

La distinción fundamental radica en que una tasa debe retribuir un servicio concreto, efectivo e individualizado que el Estado presta al contribuyente, a diferencia de un impuesto que es una contribución general sin una contraprestación específica. La Corte ha insistido en que es el municipio quien debe probar la prestación de este servicio, descartando servicios genéricos o presuntos.

Uno de los límites más importantes establecidos por la Corte se refiere a la proporcionalidad: el monto de la tasa no debe superar de manera desproporcionada el costo global del servicio, fijando un tope aproximado del doble de dicho costo. Si se excede este límite, la “tasa” se convierte en un impuesto ilegítimo. Además, ya no es necesario demostrar que la tasa es “prohibitiva, destructiva o confiscatoria” para impugnar su monto, sino que basta con probar su desproporción respecto al costo del servicio. Este criterio eleva el estándar de control para los municipios.

Otros límites incluyen la legalidad, que exige que la tasa sea creada por el Concejo Deliberante mediante una ordenanza, y no por decreto del intendente, y el principio de no confiscatoriedad, que garantiza que el monto no absorba una parte sustancial de la renta o patrimonio del contribuyente. Fallos anteriores, como “Compañía Química c/ Municipalidad de Tucumán” (1989) y “Laboratorios Raffo c/ Municipalidad de Córdoba” (2009), ya habían sentado las bases de esta doctrina, que ahora se profundiza.

Aunque los fallos de la Corte Suprema establecen una doctrina de enorme peso, no son formalmente obligatorios para los jueces inferiores y solo tienen efecto entre las partes del juicio. Esto significa que cada contribuyente debe litigar individualmente para hacer valer sus derechos. Ante esta situación, se ha presentado un proyecto de ley en el Congreso que busca establecer un régimen general a nivel nacional, con estándares claros de contraprestación efectiva y proporcionalidad con el costo del servicio. Una ley de este tipo obligaría a todos los municipios y jueces por igual, buscando poner fin a la sistemática falta de cumplimiento de las reglas existentes.

Fuente: Infobae