Colombia | El 29 de septiembre de 2026, diversas instituciones colombianas, incluyendo el Congreso de la República, el Ministerio del Interior, órganos de control y representantes de gobiernos territoriales, suscribieron el Acuerdo Institucional por la Transparencia. Este pacto nacional tiene como objetivo principal la lucha contra la corrupción, la protección de los fondos públicos y la facilitación del acceso a la información oficial.
La firma del convenio se llevó a cabo en el Capitolio Nacional en Bogotá, coincidiendo con la Semana de Promoción de la Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información. La iniciativa fue impulsada por Honorio Henríquez, presidente del Congreso de la República, buscando establecer una estrategia coordinada entre las distintas ramas del poder público para prevenir el desvío de recursos estatales.
El acuerdo fue respaldado por las mesas directivas del Senado y la Cámara de Representantes, el Ministerio del Interior en representación del Ejecutivo, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. También se sumaron las asociaciones de Capitales (Asocapitales), la Federación Colombiana de Municipios y la Federación Nacional de Departamentos.
Durante la ceremonia, el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, destacó que este pacto responde a la demanda ciudadana para detener las irregularidades en la administración pública. Señaló que la corrupción es percibida como uno de los principales problemas del país por una tercera parte de los colombianos, lo que exige resultados concretos por parte de las instituciones.
El acuerdo establece 11 compromisos para mejorar los estándares de vigilancia fiscal y administrativa en la ejecución presupuestal del país. Entre las medidas acordadas se incluye la publicación proactiva de datos abiertos sobre contratos y licitaciones públicas. Asimismo, se adoptarán herramientas tecnológicas avanzadas para la trazabilidad en tiempo real de los recursos públicos y el fortalecimiento de sistemas de alertas tempranas para detectar sobrecostos o inconsistencias presupuestales antes de la liquidación de contratos.
En cuanto a la protección de los denunciantes, las entidades firmantes se comprometieron a crear mecanismos que garanticen la confidencialidad y reserva de identidad para ciudadanos y servidores públicos que reporten conductas corruptas. El documento también contempla programas de formación continua en ética pública para funcionarios, el fomento de veedurías comunitarias y la creación de una Mesa Técnica de Seguimiento, la cual sesionará al menos dos veces al año y rendirá informes públicos de gestión.
El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, subrayó que la transparencia y el acceso a la información pública son esenciales para fortalecer la democracia y permitir la vigilancia ciudadana sobre la gestión estatal. Resaltó la importancia de la coordinación interinstitucional y la trazabilidad de los recursos. La Procuraduría se comprometió a reforzar la vigilancia de la Ley de Transparencia, ejercer el control disciplinario con respeto al debido proceso, fortalecer su función preventiva y aplicar estándares de control dentro de su propia entidad. Eljach expresó su deseo de que el acuerdo se traduzca en resultados visibles y verificables por los ciudadanos.
El senador Henríquez reiteró que el acceso a los expedientes institucionales es un derecho fundamental. En este contexto, anunció un plan de divulgación con fichas pedagógicas en lenguaje sencillo para cada proyecto de ley aprobado, con el fin de democratizar el conocimiento legislativo y acercar el Congreso a los ciudadanos. La jornada concluyó con el compromiso de potenciar el Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos (Cael) como un vínculo entre la academia, el Congreso y las regiones para fortalecer la confianza institucional.
Fuente: Infobae
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