Venezuela | Representantes de la Hacienda El Porvenir, ubicada en el municipio Libertador del estado Táchira y propiedad de Gilberto Antonio Fuentes Rodríguez, denunciaron la ocupación y lotificación de áreas del predio, así como la obstaculización de sus actividades agroproductivas. La situación se agrava por la presunta complicidad de funcionarios del Instituto Nacional de Tierras (INTI) y efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), lo que ha impedido la ejecución de una medida de protección judicial.
La hacienda, que alberga más de 2.000 bovinos destinados a la cría, reproducción y engorde, además de contar con instalaciones y mejoras para la actividad agropecuaria, ha visto restringido el acceso al agua y al pastoreo de su rebaño debido a la demarcación de parcelas y la instalación de cercas por parte de los ocupantes.
Según la denuncia, el 4 de septiembre de 2026, un grupo de personas llegó al sector San Miguel del Fundo El Porvenir, acompañado por efectivos de la GNB y representantes de la Oficina Regional de Tierras (ORT) Táchira del INTI. Estos comunicaron a Wilson Moreno Torrealba, encargado del sector, que tomarían posesión de las tierras y que el fundo debía ser desocupado. Los presentes exigieron el retiro del ganado y advirtieron que no se harían responsables de lo que pudiera ocurrir con los semovientes.
Ante esta situación, la representación legal de Gilberto Fuentes solicitó una medida cautelar anticipada de protección agropecuaria, la cual fue decretada por el Tribunal Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Táchira el 14 de septiembre de 2026, bajo el expediente N.º 322-26. La decisión prohíbe la construcción de nuevas obras, deforestaciones, siembras improvisadas u ocupaciones ilegales, y ordena la remoción de cercas perimetrales.
Sin embargo, el 25 de septiembre de 2026, cuando los apoderados judiciales de Fuentes intentaron materializar la medida junto con funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, la diligencia no pudo realizarse. Funcionarios de la GNB adscritos al Destacamento 215 no atendieron la orden de traslado y apostamiento fijada por el tribunal.
Pese a la decisión judicial, los ocupantes continúan reforzando cercas, abriendo vías con tractor e introduciendo ganado en las áreas demarcadas. También mantienen cerrados los dos portones del sector San Miguel, restringiendo el ingreso del encargado y del personal obrero. Esto dificulta el acceso de los animales a fuentes de agua y pasto, amenazando la integridad del rebaño y la producción agropecuaria.
La defensa de la hacienda también denunció que el 24 de noviembre de 2025, Javier Enrique Sánchez Quintero, coordinador general de la ORT Táchira, les indicó que una inspección realizada con un dron determinó que no había ganado ni propietario identificado en 500 hectáreas, las cuales fueron adjudicadas con base en esa información. La defensa alega una vulneración del debido proceso, ya que ni el propietario ni sus representantes fueron notificados del procedimiento. Ante el reclamo sobre la existencia de más de 1.500 reses y potreros cultivados, Sánchez explicó que el dron "seguramente no captó nada de eso".
El 15 de diciembre de 2025, la representación del fundo solicitó formalmente la revocatoria de las adjudicaciones, sin haber recibido respuesta del INTI ni de la ORT Táchira hasta finales de septiembre de 2026. La competencia directa en este asunto recae en los viceministerios de Juan Alirio Villarroel, Viceministro para el Desarrollo Pecuario Integral, y Wilber Atahualpa Colmenárez Escalona, Viceministro para el Desarrollo Agrario y Gestión de Tierras de Venezuela.
Asimismo, los representantes de la hacienda reportaron antecedentes de invasiones, como la ocurrida el 8 de noviembre de 2025, cuando un grupo de aproximadamente 20 personas ingresó a la propiedad, levantó cercas y marcó parcelas. El 11 de noviembre, un supuesto funcionario del INTI, un abogado y militares de la GNB se presentaron sin identificación, mostrando un memorando para inspeccionar un predio diferente, el cual la defensa subraya que no guarda relación con El Porvenir.
Además, el 26 de mayo de 2022, camiones ganaderos retiraron cerca de 600 bovinos sin autorización del propietario. Aunque la Fiscalía del estado Táchira inició un proceso penal y el Tribunal Superior Agrario dictó una medida de protección agroalimentaria, los propietarios atribuyeron la actuación a un grupo encabezado por Tamani Bernal, identificado como hijo del gobernador Freddy Alirio Bernal Rosales, y el abogado Eduardo Hernández.
La Hacienda El Porvenir sostiene una posesión pacífica de más de 30 años, regularizada mediante Carta Agraria aprobada por el Directorio del INTI el 29 de junio de 2004. La actividad se acredita con personal permanente, oficinas, certificados de vacunación del ganado y otras infraestructuras agropecuarias.
Los representantes de El Porvenir solicitan al jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI), general Carlos Augusto Bastidas Bastidas, y a las autoridades competentes, el acompañamiento para ejecutar la medida judicial del 14 de septiembre de 2026, garantizar el ingreso seguro del personal, retirar las construcciones improvisadas, restablecer el acceso del ganado al agua y a los potreros, impedir nuevas ocupaciones, investigar las actuaciones administrativas denunciadas y determinar responsabilidades por el incumplimiento de la orden judicial. La parte denunciante atribuye al INTI Táchira y al alcalde del municipio Libertador el apoyo a los grupos ocupantes.
Fuente: Infobae
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