Costa Rica | El Poder Judicial ha emitido una advertencia sobre el impacto de la reforma procesal penal impulsada por el Gobierno de Laura Fernández, la cual busca reemplazar las audiencias preliminares por una única etapa previa al juicio. La Dirección de Planificación del Poder Judicial estima que la reclasificación de 63 jueces, necesaria para implementar la reforma, tendría un costo de ¢290 millones (equivalente a USD 640,468).
Según la institución, esta modificación requeriría más personal, recursos técnicos y una reasignación de funciones entre los jueces penales y los tribunales de juicio. La propuesta del Gobierno tiene como objetivo reducir la duración y los costos de los procesos judiciales al concentrar en una sola audiencia la resolución de medidas alternas y el control de la acusación, preparando el caso para juicio de manera inmediata.
Sin embargo, la magistrada Patricia Solano, presidenta de la Sala de Casación Penal, ha expresado que esta reforma altera la distribución de competencias actual, transfiriendo al Tribunal de Juicio atribuciones que hoy ejerce el juez penal, como la valoración de medidas alternas y la admisión de acusaciones o querellas. Solano señaló que la concentración de decisiones diversas en un único acto procesal presenta un “serio inconveniente”, incluyendo el análisis simultáneo de salidas alternas y la procedencia de la acusación o querella.
Además, la magistrada cuestionó la ausencia de observaciones específicas sobre las querellas en expedientes donde este mecanismo es aplicable, resaltando las consecuencias prácticas de agrupar decisiones que actualmente se manejan en fases previas al debate oral. Otro punto de preocupación es la convocatoria de testigos, ya que la reforma implicaría que todos los testigos deban acudir a la audiencia previa, incluso si el caso avanza a juicio.
Solano advirtió que la capacidad de las plantas físicas de los edificios judiciales podría ser insuficiente para albergar a todas las personas citadas en casos complejos, lo que afectaría expedientes con numerosos testigos, partes y representantes legales. La Defensa Pública, el Ministerio Público y otros órganos auxiliares también enfrentarían cambios significativos debido a esta nueva dinámica procesal.
La Dirección de Planificación del Poder Judicial calculó el costo asociado al ascenso de jueces de categoría 3 a 4, una medida vinculada a la reasignación de tareas que plantea el proyecto de ley. Este cálculo no solo contempla el cambio de categoría de los juzgadores, sino también la necesidad de contratar personal y adquirir herramientas técnicas para sostener el funcionamiento del sistema.
Por su parte, la magistrada Iris Rocío Rojas, de la Sala Primera, respaldó la meta de agilizar la justicia penal, destacando que la iniciativa modifica competencias existentes sin crear figuras o atribuciones nuevas. Rojas consideró que el proyecto es “de celebrarlo”, pero enfatizó la importancia de que la Asamblea Legislativa considere el compromiso presupuestario necesario para su ejecución. Su posición combina el apoyo a una justicia penal más rápida con la advertencia sobre los recursos materiales indispensables para sostener el cambio.
El Gobierno presentó esta reforma a finales de julio, justificándola en la necesidad de evitar que los procesos penales se prolonguen excesivamente antes de llegar a una resolución. La presidenta Fernández ha manifestado que el sistema penal actual “toma demasiado tiempo”. La discusión legislativa de este proyecto requerirá un respaldo de 38 votos en la Asamblea Legislativa si decide apartarse del criterio emitido por la Corte Suprema de Justicia, según lo estipula el artículo 167 de la Constitución Política.
Fuente: Infobae
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