Una denuncia presentada ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) solicita investigar una posible parcialidad o beligerancia política a partir de una serie de acontecimientos ocurridos durante los actos patrios del 14 de setiembre en Cartago y, cuatro días después, durante la ampliación del Complejo Hidroeléctrico Cubujuquí, en Horquetas de Sarapiquí. La gestión plantea que ambos episodios sean examinados conjuntamente para determinar si existe alguna conexión entre ellos o un eventual patrón de actuación, aunque los propios denunciantes advierten que esa relación deberá demostrarse y que, si no existe evidencia suficiente para establecerla, cada caso debería tramitarse por separado.
El documento, fechado el 28 de setiembre de 2026, fue suscrito por Rocío Ramírez Varela, Oscar Castillo Rojas, Oscar Aguilar Bulgarelli y José Antonio Solano Saborío. La denuncia dirige inicialmente su atención hacia actuaciones relacionadas con el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos Valverde, y otras personas funcionarias que pudieran haber ordenado, autorizado, coordinado, permitido o ejecutado las medidas cuestionadas en Cartago. También solicita determinar la participación del Ministerio de Educación Pública, de autoridades vinculadas con la organización de los actos oficiales y del alcalde de Cartago, Mario Redondo Poveda. En el episodio de Cubujuquí, la investigación solicitada alcanza las actuaciones de la presidenta Laura Fernández y la participación de Freddy González Rojas.
El primero de los acontecimientos bajo cuestionamiento ocurrió durante las celebraciones de la Independencia y la llegada de la Antorcha a Cartago. La denuncia sostiene que en los alrededores de la Plaza Mayor se establecieron controles policiales que incluyeron solicitudes de identificación y revisión de pertenencias. Paralelamente, varias personas denunciaron restricciones para ingresar al área donde se desarrollaban los actos oficiales. El documento menciona recursos de amparo y hábeas corpus relacionados con impedimentos de ingreso y actuaciones policiales contra asistentes, integrantes de APSE y periodistas, así como casos de personas que portaban faroles o pancartas con mensajes sobre independencia, democracia, libertad y otras manifestaciones.
Dos de los firmantes, Rocío Ramírez y José Antonio Solano, aseguran haber experimentado directamente esas restricciones. Según su relato incorporado a la denuncia, se les impidió ingresar a la Plaza Mayor y tuvieron que observar los actos desde la vía pública. Ambos consideran que recibieron un trato discriminatorio y ofrecen su testimonio para establecer qué instrucciones recibieron, las circunstancias concretas en que se produjo el impedimento y las diferencias que, según ellos, existieron respecto de otras personas que sí pudieron ingresar al área de la celebración.
Precisamente esa diferencia constituye uno de los ejes centrales de la denuncia. Los promoventes sostienen que mientras algunas personas debían hacer fila, identificarse y mostrar sus pertenencias, autobuses y vehículos con asistentes vinculados presuntamente con una movilización del Partido Pueblo Soberano (PPSO) habrían tenido un tratamiento distinto. Sin embargo, el escrito no presenta esa circunstancia como un hecho ya demostrado: pide establecer quién autorizó los accesos, cuáles fueron los criterios utilizados y si las personas transportadas en esos vehículos habían sido sometidas a controles previamente en otro lugar. Las fotografías de varios autobuses incorporadas al expediente, advierte expresamente el documento, permiten identificar vehículos, pero no demuestran por sí mismas que sus ocupantes ingresaran sin revisión.
La denuncia amplía sus cuestionamientos a la organización logística de aquella jornada. Cita informaciones periodísticas según las cuales Freddy González Rojas habría coordinado la distribución de alimentos, bebidas, capas y banderas de Costa Rica, mientras otras publicaciones abordaron la convocatoria y el traslado de personas mediante autobuses. Los denunciantes quieren que se determine quién financió esos traslados y bienes, quién autorizó los lugares utilizados para distribuirlos y, especialmente, si existieron recursos públicos involucrados. El mismo escrito reconoce que la información recopilada hasta ahora no acredita financiamiento estatal ni demuestra que quienes llegaron mediante esos transportes hubieran recibido una exención de los controles de seguridad.
Las dudas sobre lo ocurrido en Cartago habían provocado además una actuación de la Defensoría de los Habitantes. De acuerdo con la documentación citada en la denuncia, esa institución solicitó al Ministerio de Seguridad Pública información sobre el protocolo empleado, los riesgos considerados, los mandos involucrados y los criterios utilizados para controlar el acceso. Los denunciantes pretenden que el TSE obtenga tanto ese requerimiento como la respuesta del Ministerio y sus anexos, con el propósito de reconstruir la cadena de decisiones que condujo al dispositivo aplicado durante las celebraciones.
Cuatro días después ocurrió el segundo episodio que ahora se pretende colocar bajo investigación electoral. El 18 de setiembre se realizó la actividad de ampliación del Complejo Hidroeléctrico Cubujuquí, de Coopelesca, en Horquetas de Sarapiquí, con participación de la presidenta Laura Fernández. Allí aparece nuevamente Freddy González Rojas, cuya presencia y papel durante la ceremonia constituyen una parte sustancial de los cuestionamientos formulados ante el TSE. Los denunciantes piden establecer quién decidió incorporarlo al protocolo, en qué condición participó, quién autorizó su intervención y si actuó bajo alguna representación cooperativa, comunitaria o relacionada directamente con el proyecto.
El asunto adquiere otra dimensión porque el escrito identifica a González como una figura vinculada directamente con el Partido Pueblo Soberano y solicita certificar el cargo partidario que ocupaba en las fechas investigadas. Al mismo tiempo, incorpora información periodística según la cual existía una restricción de cinco años para que González ocupara cargos públicos. En lugar de dar por establecido el alcance jurídico de esa prohibición, los denunciantes piden obtener la resolución correspondiente de la Contraloría General de la República y las decisiones judiciales posteriores para determinar exactamente su naturaleza, vigencia y efectos al momento de la actividad en Cubujuquí.
La condición de González como “presidente honorario” del movimiento cooperativo es otro aspecto que la denuncia pretende esclarecer. El planteamiento consiste en determinar si se trataba únicamente de una distinción simbólica o si, pese a esa denominación, ejercía facultades de representación, participaba en decisiones, impartía instrucciones, negociaba en nombre de organizaciones cooperativas o disponía de recursos. Para responder esa interrogante se solicita revisar acuerdos de designación, estatutos, participación en reuniones, documentos firmados, eventuales remuneraciones, viáticos y otras actuaciones. Los denunciantes aclaran que no afirman que haya existido una maniobra para eludir la restricción para ocupar cargos públicos; precisamente solicitan que la investigación determine si ocurrió o no.
La participación de la presidenta Laura Fernández entra en el cuestionamiento por una vía distinta. La denuncia pretende establecer si desde la Presidencia se conoció, autorizó o favoreció la participación de González mediante decisiones de protocolo, comunicación oficial u otros recursos institucionales y si esas actuaciones pudieron tener consecuencias desde el punto de vista del deber de imparcialidad política. El documento insiste en que la presencia conjunta de Fernández y González en una misma actividad no es suficiente para establecer una infracción y que cualquier conclusión deberá sustentarse en las decisiones concretas adoptadas y en la prueba que logre recabarse.
En esa misma línea, los denunciantes quieren que el TSE obtenga las grabaciones completas de los discursos pronunciados durante la actividad. Solicitan analizar las intervenciones de Fernández y González para determinar si se limitaron a informar sobre la obra inaugurada o si incorporaron expresiones de carácter partidario o proselitista. El escrito plantea examinar también si existió coordinación previa, una línea discursiva común o utilización de medios institucionales para favorecer al oficialismo o cuestionar a partidos opositores. Nuevamente introduce una reserva importante: una semejanza temática o retórica entre ambos discursos no bastaría, por sí misma, para demostrar beligerancia política.
La denuncia incorpora además como antecedente declaraciones atribuidas a Freddy González durante una entrevista transmitida el 12 de agosto por TVN Canal 14 de San Carlos. Según las publicaciones periodísticas citadas en el documento, González habló sobre información que poseería acerca de personas vinculadas con sectores de izquierda que se habían inscrito para asistir al traspaso de poderes del 8 de mayo. Los denunciantes consideran que esas manifestaciones deberían investigarse para establecer si González tuvo acceso a información relacionada con asistentes a una actividad oficial, quién se la proporcionó y bajo qué condición pudo haber intervenido en procesos de organización o seguimiento. El documento señala también, como antecedente sujeto a certificación, la existencia de una causa abierta por la Fiscalía Anticorrupción relacionada con esas declaraciones, sin presentarla como prueba de responsabilidad.
Buena parte de la petición presentada al TSE está dirigida, por ello, no a establecer de antemano una responsabilidad, sino a conseguir la documentación necesaria para reconstruir lo sucedido. Los promoventes solicitan órdenes policiales, protocolos, valoraciones de riesgo, registros de ingreso de autobuses, comunicaciones institucionales, acreditaciones, agendas, videos, fotografías, contratos y documentos municipales. También quieren conocer las decisiones tomadas por las autoridades de Cartago respecto de cierres, utilización de espacios públicos y acceso a la Plaza Mayor, además de las comunicaciones que pudieron existir entre diferentes instituciones durante la preparación de los actos.
Uno de los puntos que los denunciantes consideran especialmente urgente es la conservación de la evidencia. Solicitan impedir que videos, registros de acceso, comunicaciones de servicio y otros archivos de los acontecimientos del 14 y 18 de setiembre puedan desaparecer por los procesos normales de eliminación o sobrescritura de los sistemas que los almacenan. La petición incluye conservar originales y metadatos y, significativamente, preservar también aquellos segmentos o documentos que puedan descartar las hipótesis planteadas en la propia denuncia.
Con todo ese material, los promoventes pretenden que el Tribunal determine quién tomó las decisiones cuestionadas, cuál fue la participación concreta de cada funcionario y si existió o no utilización de autoridad o recursos institucionales para producir un beneficio partidario. Solo después de esa investigación solicitan que se abra un procedimiento sancionatorio si existe mérito suficiente y que cualquier consecuencia se imponga únicamente cuando una infracción y la responsabilidad individual hayan quedado acreditadas.
La denuncia, por tanto, abre un planteamiento que deberá pasar ahora por la valoración del órgano electoral. Su presentación no significa que el TSE haya declarado la existencia de beligerancia política ni que haya establecido responsabilidad contra Laura Fernández, Gerald Campos, Mario Redondo, Freddy González o las demás personas mencionadas. Es precisamente la existencia o inexistencia de esas responsabilidades lo que los denunciantes solicitan investigar a partir de los acontecimientos ocurridos en Cartago y Cubujuquí.
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