Colombia | Estados Unidos y Colombia formalizaron el miércoles 30 de septiembre un memorando de entendimiento para establecer una nueva Unidad de Investigación Criminal Transnacional. Esta unidad operará dentro del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, y contará con la acreditación de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense.
El objetivo principal de esta iniciativa es expandir la capacidad investigativa conjunta entre ambos países y consolidar la cooperación operativa frente a la delincuencia organizada transnacional. La Embajada de Estados Unidos en Colombia destacó que la unidad se enfocará, entre otros aspectos, en las investigaciones relacionadas con el tráfico ilícito de migrantes.
Según la representación diplomática, la alianza también reforzará las acciones contra el contrabando, el tráfico de armas, la minería ilegal, el lavado de activos, la trata de personas y el narcotráfico. Michael Schreuder, ministro consejero interino estadounidense, subrayó que las redes criminales "no respetan fronteras", explotan a personas vulnerables, movilizan bienes ilícitos y socavan la seguridad regional. Afirmó que enfrentar este desafío requiere alianzas confiables, capacidades compartidas y acción coordinada.
La HSI ya mantiene una unidad acreditada en conjunto con la Policía Nacional de Colombia. La creación de esta segunda unidad en el CTI busca extender la cooperación investigativa estadounidense a otra de las instituciones clave en la investigación criminal del país. Esta estructura tiene como fin robustecer la capacidad bilateral para abordar amenazas criminales complejas desde múltiples frentes.
Este acuerdo se fundamenta en años de colaboración entre las autoridades colombianas y estadounidenses en la aplicación de la ley, con base en objetivos comunes de seguridad y justicia. Coincide con la política de seguridad del presidente Abelardo de la Espriella, quien ha impulsado una ofensiva de la fuerza pública contra organizaciones criminales y economías ilegales. El mandatario ha enfatizado que su administración empleará las capacidades del Estado para combatir estructuras vinculadas con el narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades delictivas, con el fin de evitar que estas organizaciones ejerzan control territorial.
Fuente: Infobae
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