Bolivia | Roger Mariaca, fiscal general de Bolivia, fue detenido el miércoles por la noche en Santa Cruz, dos días después de que Estados Unidos revocara su visa por presuntos vínculos con el narcotráfico. Junto a Mariaca, también fue aprehendido el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, quien figura en la misma lista de funcionarios sancionados por Washington.
El Ministerio Público boliviano denunció que la aprehensión de Mariaca fue “ilegal” y que los motivos de la detención son desconocidos. Un funcionario de la Fiscalía describió el hecho como un “secuestro”, luego de informes de medios locales sobre la detención de Mariaca en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru.
Paralelamente a las detenciones, se registró una intervención policial en la sede de la Fiscalía General del Estado en Sucre. Funcionarios de la Fiscalía, como la jefa de comunicaciones Claudia Pardo, denunciaron la intervención policial como “ilegal”, señalando la presencia de agentes con el rostro cubierto y chalecos del Centro Especial de Investigación Policial, una unidad de inteligencia.
Hasta el momento, el Gobierno boliviano y la Policía no han ofrecido información oficial sobre las detenciones de Mariaca y Zeballos, ni sobre el operativo en las instalaciones de la Fiscalía.
Las detenciones se producen después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos anunciara la revocación de visas a altos funcionarios de Bolivia, Colombia y Perú, acusándolos de ser “corruptos” y de “socavar gobiernos elegidos democráticamente”. Bolivia es el país con el mayor número de ciudadanos en esta lista, con trece funcionarios y exfuncionarios, incluyendo a Mariaca y Zeballos.
Según el Gobierno estadounidense, las acciones atribuidas a Mariaca “ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al tiempo que socavan las mismas instituciones democráticas que Bolivia, como participante del programa Escudo, busca fortalecer”. Otra acusación estadounidense de esta semana señala que Mariaca recibió “sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia”.
Mariaca ha rechazado estas acusaciones, calificando la decisión de Estados Unidos como un acto de “injerencia” y “presión política”, vinculándola con investigaciones impulsadas por el Ministerio Público. Entre los procesos mencionados por Mariaca se encuentra el caso contra el consultor político argentino Fernando Cerimedo. El Gobierno boliviano calificó las acusaciones de “graves” y solicitó a Washington la información pertinente para investigar a las personas mencionadas en la lista. El Legislativo boliviano tiene prevista una sesión para analizar la información enviada por Estados Unidos y evaluar la posible conformación de una comisión investigadora.
Mariaca fue elegido fiscal general de Bolivia en octubre de 2024 por el anterior Legislativo, con un mandato de seis años. Este Legislativo tenía mayoría del Movimiento al Socialismo (MAS), partido de los ex presidentes Evo Morales y Luis Arce.
Fuente: Infobae
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