México | El Gobierno de México ha negado la existencia de un patrón estatal o recurrente de desaparición forzada dirigido contra las personas buscadoras en el país. Esta declaración surge en respuesta a un comunicado emitido el 30 de septiembre por cuatro expertos de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU).
La Secretaría de Gobernación (Segob) argumenta que cada caso de desaparición se maneja con la debida diligencia y asegura que las autoridades de alto nivel han mantenido un diálogo directo con las familias buscadoras y las organizaciones que las apoyan. La dependencia enfatizó que la atención al problema de la desaparición es una de las "más altas prioridades nacionales".
Los expertos de la ONU, que incluyen a la relatora sobre defensores de derechos humanos Andrea Bolaños Vargas y la presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas Grażyna Baranowska, documentaron una serie de agresiones ocurridas en Sinaloa entre finales de agosto y principios de septiembre de 2026. Estas agresiones incluyen la desaparición de la defensora Elisa Altagracia Bonilla, el ataque a la activista Alma Rosa Rojo Medina y su hija junto a dos menores, y el atropello de miembros del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa durante una manifestación en Mazatlán.
Los especialistas de la ONU señalaron que las mujeres buscadoras "siguen afrontando niveles alarmantes de violencia" que pueden llevar a su propia desaparición o asesinato. Calificaron este patrón de ataques como un "ejemplo trágico del incumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones de proteger a las personas defensoras de derechos humanos". Citaron además a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha establecido un deber reforzado de protección para las defensoras de derechos humanos en México, quienes enfrentan un riesgo elevado y un aumento de hostigamiento y violencia de género.
En su comunicado, la Segob precisó que las opiniones de los expertos de la ONU, ejercidas "a título personal y de manera independiente", no representan la posición de la organización. A pesar de reconocer desafíos en la búsqueda, investigación, identificación humana y acceso a la justicia, el Gobierno mexicano reiteró su compromiso con las familias de personas desaparecidas y condenó toda violencia contra las buscadoras.
Ante los señalamientos, el Gobierno mexicano detalló diez medidas que forman parte de su Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas. Entre ellas se encuentran la creación de la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la obligación de iniciar investigaciones ante el primer reporte de desaparición, y el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses. También se destaca la Plataforma Única de Identidad y el requisito de que los estados dispongan de fiscalías especializadas.
Organizaciones como Amnistía Internacional respaldaron el llamado de la ONU, destacando las formas de violencia que enfrentan las mujeres buscadoras, incluyendo el desplazamiento forzado y la estigmatización. El colectivo Sabuesos Guerreras también exigió un trato digno y respeto hacia las madres buscadoras.
Fuente: Infobae
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