Argentina | La Cámara Federal de San Martín ratificó la prohibición para que una empresa investigada por presuntas irregularidades en contratos con ARSAT disponga de su flota de vehículos. La firma ALS, implicada en el caso, no podrá vender sus automóviles y motos mientras avanza la investigación por contrataciones millonarias y supuestos sobornos a funcionarios.
La decisión judicial subraya que, además del daño económico derivado de los contratos presuntamente irregulares y los “retornos” a funcionarios, la empresa estatal de telecomunicaciones sufrió un perjuicio adicional por el robo de insumos de alto valor. Estos equipos, considerados estratégicos para la infraestructura de telecomunicaciones, estaban almacenados en un galpón de San Fernando bajo la custodia contractual de ALS S.A. El robo ocurrió entre diciembre de 2023 y enero de 2024.
La empresa ALS está imputada por contrataciones irregulares que ascienden a 1.912.000 dólares y 130.600.000 pesos con ARSAT. A esto se suma el perjuicio económico por la sustracción de los elementos de ARSAT, valuado en 151.126 dólares, 1.651.047,66 pesos y 3.383.805 pesos, según la valuación de la parte damnificada. Fue este robo el que originó la causa judicial, que posteriormente se amplió para investigar supuestos contratos direccionados y otros delitos. La investigación también reveló deficiencias en el mantenimiento y la seguridad del predio.
El juez de la causa, Lino Mirabelli, ya había rechazado previamente la solicitud de ALS para levantar la prohibición de innovar sobre sus vehículos, argumentando un perjuicio verosímil de 1.912.061,3 dólares y 40.300.000 pesos para el Estado Nacional, cifra que corresponde a los servicios contratados por ARSAT a la firma ALS en condiciones que se presumen irregulares. El magistrado está evaluando un pedido fiscal para procesar a todos los implicados.
La Cámara de San Martín recordó que la hipótesis de investigación, respaldada por nuevas pruebas, sugiere una alta probabilidad de que las cifras mencionadas sean resultado de un presunto hecho de corrupción de funcionarios de ARSAT en complicidad con empresarios. Se presume que los “retornos” operaron mediante “canales marginales”. Mantener la restricción sobre los bienes es crucial para evitar una modificación de su propiedad que podría generar un perjuicio irreparable para la consecución de los fines del proceso.
Facundo Leal, quien presidió ARSAT durante los gobiernos de Alberto Fernández y Javier Milei, enfrenta un pedido de procesamiento con prisión preventiva por parte de la fiscalía. Se le acusa de un “direccionamiento complejo y deliberado” para beneficiar a ALS en la contratación del predio de San Fernando. Leal ya se encuentra detenido con prisión preventiva y arresto domiciliario en otra causa penal por tenencia de estupefacientes, luego de que se encontraran 650.000 dólares en efectivo, ketamina, drogas sintéticas y cocaína en su departamento de Palermo durante un allanamiento relacionado con el caso ARSAT. Además, se le incautaron 1,7 millones de dólares en otra propiedad en Mendoza, y tiene abierta una causa paralela por supuesto enriquecimiento ilícito. Los fiscales también solicitaron procesar sin prisión preventiva a los demás involucrados en el caso.
Fuente: Infobae
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