México | La Fiscalía General de Baja California ha sido señalada por otorgar más de 200 millones de pesos en contratos a Inteliproof Efficient, una empresa de seguridad que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el 29 de septiembre de 2026 por su presunta relación con una red de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa.
Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que Inteliproof Efficient, registrada en octubre de 2020 y operando bajo el nombre comercial iesecurity.com.mx, recibió 33 contratos de la Fiscalía estatal entre 2022 y 2025. Estos contratos, que suman más de 73.2 millones de pesos, fueron para la adquisición de diversos bienes y servicios, incluyendo uniformes, equipo táctico, mobiliario, equipo de cómputo y un sistema de inteligencia para reconocimiento facial. Diecinueve de estos contratos fueron adjudicados de forma directa.
Durante 2023, la empresa obtuvo 10 contratos por más de 101 millones de pesos, a los que se suman otros 11 por 10.6 millones de pesos. En 2022, se registraron 15 contratos adicionales por más de 49 millones de pesos. La suma total de los contratos identificados por MCCI en el periodo analizado supera los 200 millones de pesos.
Los acuerdos también incluyeron operaciones financiadas con recursos federales. En 2024, la Fiscalía asignó un contrato de 8.1 millones de pesos a Inteliproof para el suministro de uniformes tácticos, utilizando fondos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
Además de los contratos con la Fiscalía, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó un pago de 4 millones 966 mil 200 pesos del gobierno estatal a Inteliproof en 2023, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y con recursos del FASP, para equipamiento y tecnología del Registro Público Vehicular (Repuve). Este contrato incluyó servidores, computadoras, antenas, lectores, grabadores y equipos de respaldo eléctrico, con acceso a los sistemas que administran datos sensibles del Repuve, como el número de identificación vehicular, placas, modelo y datos del propietario.
En 2021, Inteliproof obtuvo otro contrato con el gobierno estatal por 16 millones 196 mil pesos para la compra de sistemas IMSI-catcher, utilizados para intercepciones telefónicas. Desde el 4 de agosto de 2023, la empresa estaba registrada en el padrón de importadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para el sector de armas de fuego y sus partes.
MCCI también documentó al menos siete contratos de Inteliproof con el Gobierno de Baja California entre 2022 y 2025, por aproximadamente 16.5 millones de pesos, destinados a diferentes dependencias estatales. En 2024, el gobierno estatal otorgó otras tres adjudicaciones por un total de 3 millones 446 mil 795 pesos para ropa y equipo de protección, equipo de cómputo y equipamiento para vehículos. La investigación también encontró contratos de la empresa con los ayuntamientos de Tijuana, Playas de Rosarito y Tecate, incluyendo al menos cuatro contratos con Playas de Rosarito entre 2022 y 2025 por más de 12.8 millones de pesos.
El presidente de la Junta de Coordinación Política y líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, instó a la Fiscalía General de la República (FGR) a investigar y deslindar responsabilidades por estas adjudicaciones, subrayando la necesidad de esclarecer los hechos documentados por MCCI.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Inteliproof Efficient en una lista de 21 personas y 25 empresas sancionadas por su presunta relación con redes del Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción “Los Mayos”, liderada por Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) indicó que Inteliproof era utilizada para lavar dinero para René Arzate García, alias “La Rana”, identificado como jefe de plaza del grupo criminal en Tijuana. La empresa fue designada por su presunta propiedad, control o dirección por parte de Marco Antonio Moreno Gómez Santelices.
Según el Tesoro estadounidense, Moreno Gómez Santelices y Carlos Villela Gómez Santelices forman parte de una red de empresas de seguridad, bienes raíces y entretenimiento que habrían proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico al Cártel de Sinaloa. Las sanciones estadounidenses implican el bloqueo de bienes y activos bajo jurisdicción de Estados Unidos y restricciones para realizar transacciones. Las contrataciones públicas señaladas por la investigación corresponden a fechas anteriores al anuncio de las sanciones.
Fuente: Infobae
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