Argentina | El Gobierno enfrenta una compleja situación política, marcada por la fragmentación interna y la fuerte presión opositora, a raíz de un reciente fallo de la Corte Suprema que invalidó aspectos de la Ley de Tierras, previamente modificados por el DNU 70/2023. Esta coyuntura se desarrolla mientras las principales figuras del Ejecutivo se encuentran fuera del país.
La estrategia para manejar esta crisis recae, provisionalmente, en los primos Menem, quienes coordinan acciones con Karina Milei, actualmente en Francia. Sin embargo, las decisiones clave se mantienen en suspenso, a la espera del regreso de la figura principal del Gobierno. A esto se suman constantes tensiones con la ministra Patricia Bullrich y diferencias con el sector liderado por Santiago Caputo.
En un intento por contrarrestar la ofensiva opositora, que busca convocar a una sesión especial para tratar el DNU, se evalúa reintroducir una restricción "mínima" a la compra de tierras dentro de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Esta medida, ya aprobada con cambios en el Senado y pendiente de debate en Diputados, tendría como objetivo "desactivar" el tratamiento del DNU y su posible caída.
La ministra Bullrich ha expresado su desacuerdo con la inclusión del capítulo de tierras en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, señalando que el Gobierno debería haber esperado un pronunciamiento judicial antes de impulsar dicha ley. En este contexto, el oficialismo busca evitar un mayor crecimiento del poder de Bullrich, manteniendo las decisiones electorales y otras cuestiones clave al margen de su influencia, comunicándoselas solo una vez resueltas.
Internamente, la relación entre los Menem y los Caputo se mantiene tensa. Santiago Caputo, por su parte, se ha enfocado en el tema Malvinas, evitando involucrarse en otros asuntos que puedan generar fricciones. Desde el entorno de Karina Milei, se espera que los aliados respalden un límite del 15% a la venta de tierras como alternativa a la derogación total del DNU.
La presión social también se intensifica. Organizaciones sindicales como las dos CTA han convocado a una movilización frente a la Corte Suprema, mientras que la CGT ha repudiado el fallo y exige al Congreso el rechazo del decreto. En la Casa Rosada, se anticipa una nueva ola de descontento popular, agravada por la preocupación sobre la crispación social y los indicadores económicos adversos, en un escenario donde la oposición muestra mayor hostilidad en el Congreso.
Fuente: Infobae
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