Una serie de alertas e inconformidades presentadas por la propia comunidad escolar, padres de familia y miembros de la junta de educación que fungía en 2024, dieron pie a una investigación de la Auditoría del MEP y evidenció irregularidades en el manejo de los recursos públicos en el centro educativo ubicado en el sector de Taras de Cartago. El informe final detalló graves irregulares y achaca la responsabilidad en la dirección de la escuela que golpearon la estabilidad económica de la institución y el bienestar diario del alumnado y sus familias.
La denuncia original fue realizada desde febrero de 2024 y el pasado 15 de julio de 2026 se emitió la Resolución nº DM-DAD-RES-1091-2026 por parte del Ministro de Educación donde se sancionó a la directora del centro educativo de ese periodo, incluso al rebajo de sus prestaciones laborales por haberse “acreditado que incurrió en falta de deberes y obligaciones inherentes a su cargo”.
El proceso fiscalizador constató que las acciones bajo denuncia provocaron un perjuicio económico millonario en detrimento de las finanzas administradas por la junta de educación del plantel. De acuerdo con las evidencias recopiladas, los desvíos e inconsistencias presupuestarias están vinculados con la anterior concesionaria de la fotocopiadora del centro educativo – de quien incluso no consta el pago total del arrendamiento del local en varios meses de 2022 y 2023 – y otros proveedores con el aparente sobreprecio de las copias y de los bienes para el uso de la escuela, como los de la limpieza, ante las debilidades extremas en el control por parte de la dirección del centro educativo.
Ante consulta de CRprensa, padres de familia que piden anonimato para evitar represalias, informaron que esto es parte de una estructura de corrupción, que incluye la tolerancia de un grupo de funcionarios no comprometidos con la calidad en la educación. El centro educativo tiene “constantes falta de clases, horarios cortados por ausencias o reuniones de docentes, incluso este año cuando iniciaron tarde en febrero por supuestas capacitaciones que no tuvieron impacto en la calidad porque la escuela tiene un rendimiento deficiente, por ejemplo en las pruebas estandarizadas comparada incluso con otras de Quircot, Loyola y Cooperosales del mismo circuito”, dijeron. Conforme a los padres, ellos y los estudiantes hacen importantes esfuerzos y no merecen una mala educación. A su forma de ver, la Auditoría del MEP vino a demostrar que los pocos controles de los dineros del patronato escolar y de la junta de educación sería una “puerta abierta a la corrupción”.
Impacto directo en la población estudiantil
Más allá del daño patrimonial para el Estado y la junta local, los hallazgos de la auditoría evidencian que el detrimento financiero se tradujo en una afectación directa hacia los estudiantes. Durante años, los niños y sus familias han sufrido con los rezagos de infraestructura bajo el pretexto de que no había plata. Paralelamente, CRprensa tiene copia de varias denuncias interpuestas ante el Departamento de Asuntos Disciplinarios del MEP, la Defensoría de los Habitantes y ante instancias judiciales, que revelarían la presencia de un funcionario de conserjería denunciado y sancionado por acciones de hostigamiento sexual. Recientemente, fue denunciado por otro padre de familia la creación de un supuesto chat de whatsapp de profesores y funcionarios con el objetivo de colocar datos privados de este padre de familia y manipular la elección de los miembros de la junta de educación para colocar personas afines al grupo de la directora sancionada por el MEP.
Acciones legales en marcha
Ante la gravedad material de los hechos descubiertos, padres de familia han activado los canales de denuncia del MEP y se está en etapa de investigar los casos ante las autoridades administrativas y judiciales correspondientes para determinar las responsabilidades particulares.
En paralelo, el pasado veinticuatro de setiembre, la Sala Constitucional sancionó al MEP por el expediente 26-014208-0007-CO y la Resolución Nº 2026036591 donde una madre de esa institución educativa denunció aparentes actos de violencia en contra de su hijo por parte de educadora de dicha escuela, cuando el niño apenas cursaba el primer grado y han pasado casi 4 años sin resolución. La Sala sancionó al MEP a resolver el asunto en un mes y además por la violación de los derechos de la madre a una sala de lactancia en la Dirección Regional de Cartago. Producto de esto, hoy esa institución cuenta con un espacio conforme a la ley y el derecho de todas la mujeres y funcionarias del MEP será respetado, indicó la madre FANNY DE LOS ÁNGELES BARQUERO GUEVARA que confió una resolución pronta a su caso de varios años.
Por su parte, padres de familia de la comunidad exigen una rendición de cuentas y una intervención del MEP del centro educativo, comenzando por fiscalizar la actividad de la junta de educación. Según el acta ordinaria 001-2025 de la Junta, se pagó factura por concepto de “Café profesores” por un monto de 239.889.00 colones y en el artículo 11 del acta 009-2026 se acordó alquilar la cancha sintética de la institución los días sábados y domingos a 10 mil colones la hora. En este último punto, hay padres que se quejan de no han sido notificados de ese uso por parte de la escuela, que además los estudiantes no tienen acceso libre a la cancha y cuestionan el destino de los recursos. De igual manera se cuestiona la realización de una rifa en mayo por parte de la junta de acciones por valor de 2000 colones para supuestas obras en el gimnasio, siendo que hasta la fecha de la solicitud de las actas no hay un informe de los dineros generados de dicha actividad y paralelamente se reclama que la junta a mayo de 2026 tenía disponibles en fondos propios 4,843.420,97 colones y de la asignación municipal de la Ley 7552 un valor de 5,820.678,91 colones, sumando con otros valores un monto superior a los 11 millones de colones.
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