México | Un estudio reciente de la organización Causa en Común ha puesto de manifiesto significativas deficiencias en la Policía Estatal y el sistema penitenciario de Chihuahua, en un contexto de operaciones activas contra el crimen organizado y una intensa disputa territorial que ha resultado en 113 homicidios desde septiembre de 2024.
El informe, que abarca información de 2024 y fue presentado el 2 de octubre de 2026 en Ciudad Juárez, indica que solo el 8% de los policías estatales realizó prácticas de tiro de precisión y reacción ese año. Además, no se llevaron a cabo concursos de ascenso ni programas de actualización para los agentes en activo. A pesar de estas carencias en capacitación y desarrollo profesional, el 88% del personal operativo contaba con controles de confianza aprobados y vigentes. La presencia femenina en la policía representaba el 35% de la plantilla, pero solo el 13% ocupaba puestos de mando.
En cuanto a la Fiscalía General del Estado, se reportaron 315 cursos impartidos en 2024 y se emitieron convocatorias para ministerios públicos y policías de investigación, aunque no para personal pericial. La Fiscalía no proporcionó información sobre los mecanismos internos para investigar y sancionar conductas indebidas de sus servidores públicos. La institución entregó el 63% de la información solicitada y obtuvo una calificación de -60 puntos en la metodología de Causa en Común.
El sistema penitenciario de Chihuahua fue el área con mayores deficiencias, obteniendo una calificación de -68 puntos. El estudio reveló la ausencia de un sistema de carrera consolidado para los custodios y la falta de promociones en 2024. Tampoco se informó sobre programas de formación o protocolos para garantizar un internamiento digno y seguro. Las mujeres constituían el 31% del personal de custodia, pero ninguna ocupaba puestos de mando.
Estas deficiencias se enmarcan en un escenario de violencia criminal persistente en el estado. En el noreste de Chihuahua, se libra una disputa territorial entre los grupos criminales La Línea, vinculada al Nuevo Cártel de Juárez, y Los Cabrera, asociados a una facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa. Esta confrontación, que abarca los municipios de Aldama, Ojinaga, Coyame del Sotol y Manuel Benavides, ha dejado un saldo de 113 homicidios entre septiembre de 2024 y septiembre de 2026. En Aldama se han registrado 62 homicidios, en Ojinaga 29, en Coyame del Sotol 20 y en Manuel Benavides dos.
La violencia en la región se intensificó con un ataque a un helicóptero de la Policía del Estado en septiembre de 2026, lo que llevó a un refuerzo del despliegue de fuerzas estatales y federales. Tras este incidente, se realizaron detenciones y aseguramientos de armas y vehículos. En diciembre de 2025, Roberto “N”, alias “El 02” o “El 04”, presunto integrante de Los Cabrera y líder de la célula “Los Fariseos”, fue detenido y entregado a autoridades estadounidenses en febrero de 2026.
Adicionalmente, el 1 de octubre de 2026, cuatro policías procesales fueron arrestados por su presunta implicación en homicidio calificado agravado y tortura de un interno en el Cereso Estatal número 1, ocurrido el 8 de julio. Este caso, que está bajo investigación judicial y administrativa, subraya las preocupaciones sobre la seguridad y el respeto a los derechos humanos dentro del sistema penitenciario.
Causa en Común recomienda fortalecer los servicios profesionales de carrera, establecer mecanismos de capacitación permanentes, realizar concursos de promoción, mejorar los controles internos y los sistemas de rendición de cuentas, así como incorporar una perspectiva de género en las instituciones de seguridad y justicia.
Fuente: Infobae
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