Argentina | El Gobierno argentino ha decidido apelar la resolución del juez federal Martín Cormick, la cual dictamina la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y declara inconstitucional el decreto que condicionaba su implementación. La Procuración del Tesoro trabaja en la estrategia legal para evitar el gasto inmediato que implicaría la ejecución de la norma.
La decisión judicial se refiere al Decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno había promulgado la Ley de Financiamiento Universitario, pero supeditaba su aplicación a la determinación por parte del Congreso de las fuentes de recursos y la inclusión de las partidas correspondientes en el Presupuesto nacional. El juez Cormick consideró que esta cláusula equivalía a un nuevo veto de una ley ya ratificada por ambas Cámaras del Congreso, que previamente habían rechazado un veto original del presidente Javier Milei. En consecuencia, se ordenó al Poder Ejecutivo que tomara las medidas necesarias para implementar la reforma y cumplir con los aumentos previstos.
Esta sentencia responde a recursos de amparo presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA), quienes denunciaron la suspensión de los fondos. El fallo incluye recursos destinados a salarios, becas, investigación, gastos operativos y hospitales universitarios.
Desde el entorno de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se ha confirmado la vía judicial como respuesta, descartando negociaciones políticas con las universidades. Se argumenta que el margen de acción sobre las partidas presupuestarias depende ahora del Parlamento, ya que el Presupuesto nacional para 2027 ha sido enviado y cualquier modificación debe realizarse en el Congreso.
El Gobierno había argumentado durante el proceso que la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario implicaría un desembolso superior a un billón de pesos, lo que comprometería el equilibrio fiscal y requeriría una definición parlamentaria específica sobre su financiamiento. Sin embargo, el juez rechazó esta interpretación, señalando que la ley sí establece mecanismos para afrontar los gastos, como reasignaciones presupuestarias y el uso de mayores ingresos por recaudación. También recordó que el Gobierno modificó el Presupuesto en varias ocasiones durante 2025 mediante decretos y decisiones administrativas.
En el sector universitario se anticipaba la apelación por parte del Gobierno, aunque se reconoce la imprevisibilidad en sus acciones. Las instituciones académicas no esperan un diálogo sobre la ejecución de la ley y prevén que la disputa se mantendrá en los tribunales. Esta situación añade una nueva controversia para el Gobierno en medio de las negociaciones por el Presupuesto 2027 y un llamado opositor a una sesión especial en Diputados, sumándose a otros temas que el oficialismo debe enfrentar en el Congreso mientras busca mantener el superávit fiscal como pilar de su programa económico. El CIN ha manifestado su intención de sostener su reclamo hasta el final.
Fuente: Infobae
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