Colombia | La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha desmentido enfáticamente las acusaciones de corrupción que pesan sobre su gestión, defendiendo la correcta utilización de sus recursos. Estas declaraciones surgen a raíz de las denuncias de Sigifredo López, exdiputado del Valle y víctima en el proceso, quien señaló a la entidad de haber contratado a Marcelina Condomí, una persona supuestamente condenada por corrupción e inhabilitada para contratar con el Estado.
López afirmó que la Dirección Ejecutiva de la JEP habría destinado $4.000.000.000 para la socialización de una consulta previa, seguido de otro contrato por $2.200.000.000. Según el exdiputado, estos fondos se habrían utilizado en la divulgación de la Ley Estatutaria 1957 de 2017, que regula el funcionamiento de la jurisdicción. Ante esto, López solicitó a la Fiscalía y a la Procuraduría investigar una posible celebración indebida de contratos y advirtió sobre la posible reelección del director ejecutivo involucrado en 20 días.
En respuesta a estas acusaciones, la JEP ha asegurado que las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación no han encontrado irregularidades en sus operaciones. La entidad resaltó que en 2025 logró un cumplimiento presupuestal del 99,3%, y que el Ministerio de Hacienda la ha clasificado entre las instituciones públicas con mejor ejecución de recursos. Además, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) la ha reconocido como un ejemplo de transparencia.
Respecto a su sede en Bogotá, la JEP aclaró que el avalúo comercial del edificio para 2026 es de $288.538.000.000, y que la cifra de $20.975.000.000 que se ha difundido corresponde al valor catastral del inmueble en 2020. La jurisdicción explicó que el edificio sigue siendo arrendado debido a que los proyectos para su compra fueron objetados por el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) durante las administraciones de Iván Duque Márquez y Gustavo Petro, respectivamente.
Finalmente, la JEP afirmó que sus viajes internacionales de magistrados están directamente relacionados con funciones judiciales, invitaciones oficiales, espacios de derechos humanos y derecho penal internacional. Estas misiones, según la entidad, buscan informar a la comunidad internacional sobre el progreso del Acuerdo Final de Paz.
Fuente: Infobae
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