Venezuela | El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha decidido prolongar hasta el año 2028 el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela. Esta misión, creada en septiembre de 2019, tiene la responsabilidad de investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas en el país desde 2014.
La resolución para extender el mandato fue aprobada con 25 votos a favor, 17 abstenciones y 5 votos en contra, provenientes de China, Cuba, Vietnam, Egipto y Burundi. Esta decisión permitirá que un equipo de expertos continúe recopilando información, estableciendo responsabilidades y presentando sus conclusiones al Consejo durante las sesiones programadas para 2027 y 2028.
Actualmente, la misión está compuesta por Sofía Macher de Perú, Alex Neve de Canadá, y María Eloísa Quintero, con vínculos con Argentina y México. La renovación del mandato se produce después de que la misión presentara una evaluación que advertía sobre la persistencia de estructuras represivas en Venezuela, a pesar de algunos cambios tras la captura de Nicolás Maduro.
Aunque el documento aprobado por el Consejo reconoce avances como la reanudación de la cooperación y el diálogo entre las autoridades venezolanas y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la preocupación persiste debido a la continuidad de graves violaciones y las debilidades en el Estado de derecho. Los reclamos incluyen la falta de independencia judicial, restricciones al espacio cívico y limitaciones a las libertades de expresión, asociación y reunión. La resolución también exige la liberación inmediata e incondicional de quienes permanecen encarcelados arbitrariamente.
Caracas rechazó la prolongación del mecanismo antes de la votación, argumentando que los mecanismos de supervisión sin autorización estatal deberían ser reemplazados y que es el momento de superar este tipo de escrutinio. La delegación venezolana solicitó que cualquier futura renovación contemple una salida definida, evitando la perpetuación indefinida o la renovación automática de estos mecanismos extraordinarios.
La misión ha documentado una disminución de detenciones prolongadas y desapariciones forzadas después del 3 de enero, fecha de un operativo estadounidense que culminó con la captura de Maduro. También se ha registrado la liberación de cientos de presos políticos y un mayor margen para manifestaciones y reuniones públicas. Sin embargo, los expertos señalaron que estos cambios no han estado acompañados de reformas que modifiquen las estructuras subyacentes que permitieron los abusos. Las fuerzas de seguridad han mantenido prácticas y organización similares, y las normas utilizadas para perseguir la disidencia siguen vigentes.
La investigación ha identificado 64 nuevos casos de tortura posteriores al 3 de enero, incluyendo malos tratos en El Rodeo I y Fuerte Guaicaipuro, así como condiciones de encarcelamiento deficientes con falta de agua potable, alimentos, medicamentos y atención médica. Organizaciones civiles han contabilizado al menos 214 detenciones arbitrarias por razones políticas entre septiembre de 2025 y julio de 2026. La misión estima que entre 379 y 500 personas podrían seguir detenidas por motivos políticos. Además, se han documentado arrestos breves utilizados para intimidar a activistas, periodistas y otros miembros de la sociedad civil.
El informe también examinó el papel de los “colectivos”, grupos civiles armados que, según los investigadores, tienen vínculos con organismos estatales y fuerzas de seguridad. La misión encontró indicios de apoyo político, financiación, equipamiento y coordinación operativa, así como su participación en vigilancia, inteligencia y acciones contra manifestantes y opositores.
Sofía Macher enfatizó que la disminución de algunas de las formas más graves de represión “de ninguna manera constituye una transformación del sistema que las hizo posibles”, y pidió el desmantelamiento de las estructuras represivas, la garantía de independencia judicial y el avance hacia mecanismos de justicia centrados en las víctimas. María Eloísa Quintero solicitó medidas decisivas hacia la rendición de cuentas y un proceso de justicia transicional, incluyendo el regreso de Venezuela al Estatuto de Roma y la cooperación con la Corte Penal Internacional y otros mecanismos internacionales.
La misión también destacó que la crisis venezolana sigue teniendo repercusiones más allá de sus fronteras. La resolución de Naciones Unidas recordó que millones de personas han abandonado Venezuela debido a la prolongada crisis humanitaria y reconoció los esfuerzos de los países de la región que continúan recibiendo a migrantes, refugiados y solicitantes de asilo.
Fuente: Infobae
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