Costa Rica | Un proyecto de ley presentado esta semana en la Asamblea Legislativa de Costa Rica busca modificar la Constitución Política para que la inmunidad constitucional no impida ni retrase investigaciones penales por delitos sexuales contra diputados y otros integrantes de los supremos poderes.
La propuesta, identificada con el expediente 25.825, plantea reformar los artículos 110, 121 inciso 9), 143 y 151 de la Constitución Política. Su objetivo es establecer una excepción expresa al fuero constitucional cuando se investiguen hechos relacionados con abuso sexual, acoso sexual u otros delitos de naturaleza sexual.
La iniciativa es impulsada por diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), con Álvaro Ramírez Bogantes como principal firmante, y cuenta con el respaldo de otros legisladores de su fracción. El cambio no eliminaría la inmunidad parlamentaria ni el fuero constitucional de manera general, sino que mantendría la protección para otros tipos de procesos, pero dejaría de operar como requisito previo para iniciar o continuar una causa penal relacionada con delitos sexuales.
El alcance del proyecto es amplio. La reforma al artículo 110 modificaría las reglas aplicables a diputados; el cambio al artículo 143 alcanzaría a ministros, mientras que la modificación al artículo 151 permitiría investigar penalmente a quien ocupe la Presidencia o una Vicepresidencia de la República por delitos sexuales sin que previamente exista una declaratoria de formación de causa por parte del Congreso. El artículo 121 inciso 9) también sería reformado para introducir la excepción en la competencia que actualmente tiene la Asamblea Legislativa para admitir acusaciones contra determinados integrantes de los supremos poderes.
Los proponentes argumentan que el fuero constitucional tiene como finalidad proteger el ejercicio de determinadas funciones públicas frente a posibles persecuciones políticas, y no impedir investigaciones relacionadas con conductas sexuales presuntamente delictivas. Álvaro Ramírez sostuvo que la inmunidad ha sido utilizada como “escudo de impunidad frente a casos graves”, especialmente en delitos de naturaleza sexual. El legislador agregó que el propósito es modificar las reglas para que esos casos puedan ser conocidos directamente por las autoridades judiciales sin depender de una decisión política del Congreso.
La presentación de esta iniciativa se da en un contexto de controversias relacionadas con denuncias de presunto hostigamiento sexual contra diputados. En septiembre, legisladoras del Frente Amplio (FA), Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y Coalición Agenda Ciudadana (CAC) solicitaron al diputado Fernando Obaldía Álvarez, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), renunciar a su inmunidad para enfrentar denuncias por presunto acoso sexual. El Ministerio Público confirmó entonces la existencia de denuncias contra el congresista. Posteriormente, la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, conformó una comisión especial para investigar la denuncia contra Obaldía.
Meses antes, el Congreso había abordado una investigación por hostigamiento sexual contra el entonces diputado Fabricio Alvarado Muñoz. En abril, 33 legisladores aprobaron una amonestación ética pública dentro de ese procedimiento.
Debido a que se trata de una reforma parcial de la Constitución Política, el proyecto requerirá una mayoría calificada, es decir, el respaldo de al menos 38 diputados (dos terceras partes del total de integrantes de la Asamblea Legislativa) para avanzar. El expediente se encuentra en la etapa de admisibilidad de reforma constitucional y todavía no registra votaciones.
El texto del proyecto también utiliza cifras judiciales para justificar la necesidad de la reforma, indicando que durante 2024 se registraron 15,562 mujeres ofendidas por ilícitos de naturaleza sexual, lo que equivale al 87% del total consignado en la fuente utilizada por los proponentes. Ramírez aseguró que su bancada ha iniciado conversaciones con otras fracciones para buscar el respaldo necesario, señalando que “lo importante es cambiar las reglas del juego y que las reglas del juego reflejen el compromiso político y ético que tenemos”.
Fuente: Infobae
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