Costa Rica | Más de 200 oficiales de diversas fuerzas policiales en Costa Rica están siendo investigados por posibles vínculos con el narcotráfico, según confirmó el Gobierno. Esta cifra se dio a conocer en el contexto de una intervención gubernamental amplia para abordar la infiltración del crimen organizado en distintas esferas del país.
La presidenta Laura Fernández indicó que las investigaciones abarcan a “más de 200 compañeros oficiales de diferentes cuerpos de policía”. La mandataria enfatizó que el narcotráfico ha logrado infiltrarse en las fuerzas policiales costarricenses y que el Gobierno continuará impulsando investigaciones internas y operativos para identificar casos de corrupción dentro de las instituciones encargadas de combatir la criminalidad.
El Ejecutivo ha advertido que la penetración del crimen organizado no se limita a grupos que operan al margen de la ley, sino que también incluye a individuos con actividades empresariales, comerciales o profesionales que presuntamente participan en redes delictivas. Esta situación se presenta en un momento en que Costa Rica enfrenta una creciente presión por el aumento de homicidios, el tráfico internacional de drogas, la legitimación de capitales y las disputas entre grupos criminales.
El Gobierno costarricense ha reafirmado su compromiso de mantener la cooperación con agencias internacionales como la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y el FBI. Esta colaboración busca investigar organizaciones de alcance transnacional y detectar posibles colaboradores dentro del país. La presidenta Fernández defendió el trabajo conjunto de estas agencias con la Policía de Control de Drogas (PCD) y otros cuerpos nacionales, asegurando que “mientras yo sea presidenta de la República, la DEA, el FBI y los cuerpos de policía del OIJ y del Gobierno van a seguir persiguiendo a los criminales”.
Fernández explicó que la cooperación internacional es crucial para investigar estructuras de delincuencia transnacional, ya que algunas investigaciones se originan fuera de Costa Rica o requieren el intercambio de información con autoridades extranjeras. La mandataria señaló que personas presuntamente vinculadas con el narcotráfico o el lavado de dinero pueden mantener una apariencia de normalidad durante años, sin que existan expedientes públicos que alerten sobre sus actividades.
La presidenta aseguró que las investigaciones continuarán sin importar la posición de las personas involucradas y que su administración no protegerá a funcionarios que resulten vinculados con estructuras criminales, afirmando: “Que caiga el que tenga que caer”. El objetivo del Gobierno es identificar y separar de las instituciones públicas a quienes colaboren con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, con el fin de “limpiar a Costa Rica”.
El Ejecutivo ha reiterado en varias ocasiones que la corrupción dentro de los cuerpos policiales representa un riesgo significativo para las operaciones contra el crimen organizado, ya que puede facilitar la filtración de información, el movimiento de cargamentos, la evasión de controles o la protección de ciertas estructuras criminales.
Fuente: Infobae
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