México | A pesar de una reforma a la Ley Federal del Trabajo implementada hace siete años para reconocer plenamente los derechos laborales de las trabajadoras del hogar, el 96.6% de estas mujeres permanece en la informalidad. Un estudio reciente de la red UNIDAS, titulado "Sosteniendo el cambio: por un trabajo justo para las trabajadoras del hogar en México", revela que solo alrededor del 1% cuenta con un contrato escrito.
El informe subraya que, si bien se han logrado avances legales, las condiciones laborales en este sector se caracterizan por la precariedad, la desigualdad salarial y las dificultades para acceder a la seguridad social y a mecanismos efectivos de justicia. En México, aproximadamente 2.1 millones de mujeres se dedican al trabajo doméstico remunerado, constituyendo nueve de cada diez personas en el sector y cerca de una de cada diez mujeres ocupadas en el país.
María de la Luz Padua Orihuela, del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (SINACTRAHO), destacó que, aunque estas trabajadoras tienen horarios, tareas y salario, y existe una relación laboral, las instituciones aún presentan obstáculos para su reconocimiento. Como ejemplo, mencionó el acceso a la seguridad social, donde a pesar de la reforma de 2022 a la Ley del Seguro Social, la legislación excluye a quienes realizan este trabajo de manera ocasional o esporádica, a diferencia de lo establecido por el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo.
Las trabajadoras del hogar también sufren una brecha salarial del 34.8%. Datos del primer trimestre de 2026 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) indican que perciben un ingreso promedio de 5 mil 770 pesos mensuales, mientras que los hombres en el mismo sector ganan aproximadamente 8 mil 855 pesos. UNIDAS asocia esta desigualdad con la segregación ocupacional y la carga de labores de cuidado no remuneradas que recaen en las mujeres, lo que las lleva a aceptar jornadas parciales y bajo esquemas de entrada por salida. De hecho, el 97.4% de las trabajadoras del hogar labora bajo esta modalidad.
El estudio también identifica una “paradoja patronal”, donde empleadores con vínculos laborales formales replican esquemas de informalidad al contratar trabajadoras del hogar. Esta contradicción se agrava por la diferencia de ingresos: la población empleadora tiene un ingreso mediano cuatro veces superior al de las trabajadoras que contrata, con 20 mil pesos frente a 5 mil 160 pesos.
La falta de formalización se refleja en la escasez de contratos y prestaciones. Solo el 1% de las trabajadoras del hogar tiene un contrato escrito, en contraste con el 9% de los hombres en el sector. Además, seis de cada diez mujeres no reciben ninguna prestación de ley. En seguridad social, a pesar de que las mujeres representan el 91.9% del sector, solo constituyen el 66% de las afiliadas al IMSS. Apenas el 1.7% de las trabajadoras tiene acceso efectivo a la seguridad social, y la afiliación ha permanecido por debajo del 3% del sector durante tres años.
La desigualdad se extiende al retiro: solo el 0.73% de las trabajadoras cuenta con un fondo, frente al 9% de los hombres. Esto es crítico dado que el 54.3% de las trabajadoras del hogar tiene más de 45 años, lo que implica que una proporción significativa podría llegar al final de su vida productiva sin acceso a una pensión.
UNIDAS cuestiona el actual esquema de aseguramiento del IMSS, especialmente la cotización “por día”, que implica un sobrecosto contributivo del 27.7% que no se traduce proporcionalmente en días adicionales de atención médica. Se estima que cada cuatro días pagados por este concepto financian solo un día adicional de atención médica. También se calcula una fuga recaudatoria anual de aproximadamente 56 mil millones de pesos debido a cuotas no ingresadas al IMSS e INFONAVIT.
Otro problema es la falta de inspección laboral en domicilios particulares, los cuales son el único tipo de centro de trabajo en México exento de estas revisiones. UNIDAS señala que esto facilita prácticas discriminatorias, racismo estructural y exposición a riesgos físicos y químicos sin regulación vinculante. Aunque la STPS publicó una guía de salud en el trabajo para el sector, sus disposiciones son meras recomendaciones voluntarias.
El acceso a la justicia también es un obstáculo. De 10 mil 145 procedimientos de conciliación analizados, el 21.5% fue archivado por “desinterés” y más de la mitad concluyó sin acuerdo. La judicialización de conflictos es aún menor, con solo 344 demandas a nivel nacional, y 14 estados no pudieron identificar a las trabajadoras del hogar en sus registros.
Para abordar estos desafíos, UNIDAS propone al IMSS transformar el sobrecosto de la cotización “por día” en días adicionales de vigencia de derechos de salud, flexibilizar calendarios de afiliación y permitir el pago domiciliado de cuotas. A la STPS y autoridades locales, recomienda establecer lineamientos de inspección para domicilios particulares sin necesidad de ingreso, crear un registro patronal obligatorio, establecer sanciones por incumplimientos y convertir las recomendaciones de salud ocupacional en normas vinculantes. En materia de justicia laboral, se sugiere habilitar la conciliación remota y adaptar los criterios probatorios a las condiciones del sector. Finalmente, se hace un llamado al Poder Legislativo y al Sistema Nacional de Cuidados para incluir explícitamente a las trabajadoras del hogar y diseñar mecanismos de justicia restaurativa para atender la pérdida de cotizaciones acumulada.
Fuente: Infobae
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