Costa Rica | La Asamblea Legislativa aprobó este jueves 8 de octubre de 2026, en primer debate, el proyecto de ley que permitiría establecer jornadas laborales excepcionales de hasta 12 horas diarias, bajo la modalidad conocida como 4×3. La iniciativa, tramitada bajo el expediente legislativo 24.290, obtuvo 31 votos a favor y 19 en contra, tras una extensa discusión parlamentaria.
El proyecto de ley introduce la figura de la jornada excepcional ampliada en el Código de Trabajo. Para jornadas diurnas y mixtas, los empleados podrían trabajar hasta 12 horas por día durante cuatro días consecutivos, seguidos de tres días libres. En el caso de las jornadas nocturnas, el esquema contempla tres días de trabajo de hasta 12 horas y cuatro días de descanso. Esto implicaría jornadas semanales de hasta 48 horas para el día y 36 horas para la noche, sin incluir el trabajo extraordinario.
La reforma no sustituiría la jornada ordinaria de ocho horas y su aplicación estaría limitada a actividades del sector privado que cumplan criterios de excepcionalidad. Entre las actividades que podrían acogerse se encuentran la manufactura tecnificada de operación continua, la industria de dispositivos médicos, servicios de apoyo a estos procesos y servicios corporativos que operan ininterrumpidamente. Se excluye expresamente al sector público, actividades agrícolas, agropecuarias, de construcción, trabajos pesados, peligrosos o insalubres, así como a menores de edad, mujeres embarazadas y en período de lactancia.
En cuanto a la remuneración, el proyecto establece que los trabajadores de jornadas diurnas o mixtas deberán recibir un salario por hora equivalente al mínimo de su categoría ocupacional, más un 17% adicional. Para jornadas nocturnas, el incremento sería del 25.5% sobre el salario mínimo horario ajustado. Las empresas deberán garantizar al menos 90 minutos diarios para alimentación, descanso y recreación, considerados tiempo efectivo de trabajo y remunerados. También se exige la prevención de fatiga laboral, evaluaciones de salud ocupacional y transporte si los horarios no coinciden con el servicio público.
Una de las discusiones centrales fue la posibilidad de trabajar durante los días libres. El proyecto contempla que, de manera excepcional y voluntaria, se pueda trabajar en días de descanso con un recargo salarial del 50%, sin exceder 12 horas adicionales por semana. Se establece un descanso absoluto mínimo de 24 horas después de la jornada semanal, que no puede usarse para trabajo adicional. El diputado oficialista Gerald Bogantes defendió que las 12 horas de la jornada excepcional forman parte del horario ordinario, por lo que no generarían el mismo pago extraordinario que bajo una jornada convencional, aunque no desaparece el reconocimiento de horas extra.
El Partido Pueblo Soberano celebró el avance del proyecto, considerándolo una prioridad de la administración de la presidenta Laura Fernández. El jefe de fracción oficialista, Nogui Acosta, y el subjefe, Juan Manuel Quesada, destacaron la importancia de la iniciativa para atraer inversiones, generar oportunidades laborales y brindar seguridad jurídica a empresas que operan 24 horas al día.
Por su parte, el Partido Liberación Nacional (PLN) justificó su oposición en la eliminación de un mecanismo que habría permitido a los trabajadores decidir, mediante votación secreta y vinculante, la implementación de estas jornadas. El jefe de fracción liberacionista, Álvaro Ramírez, señaló que, aunque la iniciativa mantiene la voluntariedad individual, no sustituye una decisión colectiva. El PLN también expresó preocupaciones sobre las repercusiones de los horarios prolongados para personas con responsabilidades de estudio, cuido o condiciones de salud.
El Frente Amplio anunció su intención de presentar una consulta facultativa de constitucionalidad ante la Sala Constitucional (Sala IV) para cuestionar el procedimiento legislativo y el contenido de la reforma. José María Villalta, jefe de la bancada, calificó el proyecto como un retroceso para los derechos laborales. Entre los argumentos que se presentarán figuran posibles incumplimientos del procedimiento parlamentario y la compatibilidad con compromisos internacionales de Costa Rica en materia laboral, incluyendo instrumentos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). También se cuestiona la capacidad del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para fiscalizar la aplicación de las nuevas jornadas y garantizar la voluntariedad de los empleados. Para presentar esta consulta se requieren las firmas de al menos 10 diputados, y tanto el Frente Amplio como el PLN han manifestado su intención de acudir al tribunal constitucional.
Este debate sobre la flexibilización de las jornadas laborales se ha extendido por más de dos décadas en Costa Rica. Una propuesta anterior, expediente 21.182, superó el primer debate en agosto de 2023, pero su avance fue frustrado por vicios de procedimiento identificados por la Sala Constitucional. La versión actual, expediente 24.290, recibió un procedimiento abreviado en 2025, pero la presentación de miles de mociones prolongó su trámite. La decisión de regresar a un texto sin el mecanismo de votación colectiva de los trabajadores profundizó las diferencias entre el oficialismo y el PLN.
La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, fijó inicialmente el martes 13 de octubre de 2026 como fecha para el segundo debate. Sin embargo, la consulta anunciada por el Frente Amplio y el PLN podría modificar este calendario. Si la consulta se presenta y es admitida, el avance legislativo quedará suspendido mientras los magistrados resuelven los cuestionamientos. De superar las etapas pendientes, el proyecto requerirá aprobación definitiva, sanción y publicación oficial para adquirir fuerza de ley. Posteriormente, las autoridades deberán desarrollar los mecanismos de autorización, reglamentación y fiscalización, con el Ministerio de Trabajo desempeñando un papel central en la vigilancia de las modalidades permitidas y el respeto de las garantías laborales.
Fuente: Infobae
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