Perú | La expresidenta Dina Boluarte (2022-2025) ha cuestionado la decisión del Congreso de destituirla en octubre de 2025, preguntando si su salida del poder contribuyó a combatir la inseguridad ciudadana. Boluarte, en una columna publicada en el diario Perú21, recordó que el Parlamento aprobó su vacancia con 122 votos bajo la causal de “permanente incapacidad moral”.
La exgobernante planteó interrogantes sobre el impacto de su destitución en la lucha contra la extorsión, el sicariato y el crimen organizado, así como en la reducción del miedo en las calles. Su cuestionamiento surge en un contexto de críticas a su Gobierno por el avance de la criminalidad organizada.
Boluarte también criticó el procedimiento que llevó a su destitución, señalando que recibió la notificación para ejercer su defensa frente a cuatro mociones de vacancia a las 22:38 horas del 9 de octubre, y la comunicación para presentarse ante el pleno a las 23:30 horas. Aunque reconoció que el reglamento parlamentario permite reducir los plazos excepcionalmente, sugirió la necesidad de debatir la responsabilidad de ejercer de esa manera una facultad que puede poner fin a un mandato presidencial.
Asimismo, la expresidenta sostuvo que la causal constitucional de vacancia por permanente incapacidad moral carece de una delimitación precisa, advirtiendo sobre el riesgo de que las mayorías parlamentarias la utilicen para remover a un presidente por razones políticas. Afirmó que, si bien los votos existían, la democracia no debería reducirse únicamente a la pregunta de si se tienen los votos, sino que los legisladores también debieron evaluar si existían razones suficientes para destituirla y si se había garantizado una oportunidad real de defensa.
En su artículo, Boluarte se refirió al retorno del sistema bicameral, solicitando que el Senado y la Cámara de Diputados ejerzan sus funciones de control político sin convertirlas en mecanismos para promover la destitución presidencial. Según la exmandataria, la existencia de dos cámaras debería permitir una segunda evaluación antes de adoptar decisiones irreversibles y evitar que las mayorías parlamentarias actúen sin contrapesos. Concluyó que el país debe aprender de su destitución y defendió que los poderes del Estado se controlen mutuamente sin intentar destruirse, ya que las consecuencias de una vacancia presidencial pueden extenderse por años.
Boluarte llegó a la jefatura del Estado en diciembre de 2022 tras la destitución de Pedro Castillo (2021-2022) y su respaldo parlamentario se debilitó progresivamente, incluso por parte de bancadas que inicialmente habían apoyado su gestión, como el fujimorismo. Un episodio que intensificó el rechazo ciudadano fue el ataque a balazos contra la agrupación de cumbia Agua Marina en un recinto del Ejército en Lima, que dejó heridos a cuatro integrantes del grupo y a un vendedor, reavivando las críticas a la respuesta del Ejecutivo ante la violencia.
Fuente: Infobae
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