Bolivia | El Gobierno de Bolivia anunció la preparación de un proyecto de ley que permitirá la participación “excepcional” de las Fuerzas Armadas en operaciones dirigidas a combatir el crimen organizado. Esta iniciativa busca fortalecer la capacidad de respuesta del Estado ante amenazas relacionadas con el narcotráfico y el narcoterrorismo.
La decisión fue comunicada por el presidente Rodrigo Paz, junto a los ministros de Defensa, Ernesto Justiniano, y de Economía, Christian Morales, así como jefes militares, tras una reunión del Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional (Cosdep). Justiniano detalló que el encuentro aprobó cuatro normas, una de las cuales contempla la intervención militar frente a amenazas “graves” del crimen organizado transnacional y el narcoterrorismo. El ministro enfatizó que esta participación será “excepcional, temporal, complementaria y controlada dentro del marco constitucional”.
El paquete normativo, según Justiniano, tiene como objetivo dotar al Estado de una mayor capacidad para enfrentar “amenazas complejas” bajo reglas claras y respetando la institucionalidad. Los proyectos serán evaluados por la Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Sociales (Udape) antes de ser enviados a la Asamblea Legislativa para su tramitación.
El presidente Paz destacó el alcance “transversal” del crimen organizado y mencionó la vinculación de Bolivia con el Escudo de las Américas, una coalición promovida por el Gobierno de Donald Trump para la cooperación regional. Paz señaló que esta colaboración busca una respuesta “equilibrada, equitativa sobre este crimen organizado que está entrando a las instituciones y que tiene la capacidad de doblegar la norma”.
En este contexto, el mandatario hizo referencia a la detención y encarcelamiento del ex fiscal general Roger Mariaca, acusado de presuntamente liderar una organización de protección al “narcoterrorismo”. El Cosdep fue activado a mediados de septiembre con el propósito de desarrollar una ley para identificar amenazas y combatir el narcoterrorismo y el crimen organizado. Este organismo, adscrito al Ministerio de Defensa, es la máxima instancia estatal para el asesoramiento, consulta y planificación en seguridad, defensa integral y desarrollo.
El fiscal general interino de Bolivia, José Armando Urioste, informó que una comisión del Escudo de las Américas visitará el país para colaborar en la reforma de la Fiscalía y ofrecer apoyo técnico a las investigaciones abiertas tras la detención de Mariaca. La cooperación incluirá especialistas del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Forenses, mediante acuerdos con el Estado boliviano, quienes revisarán los procesos en curso en medio de la crisis institucional del Ministerio Público.
Urioste, en su primera conferencia de prensa en Sucre, manifestó que, aunque puedan surgir críticas por la transparencia de permitir la cooperación externa, considera que es una “necesidad” en este momento. El fiscal interino, elegido el sábado, afirmó que su gestión buscará restaurar la institucionalidad de la Fiscalía, la cual, según sus palabras, “ha caído a lo más profundo de la corrupción que puede tener un Estado de Derecho, una institución del Estado ha sido perforada por el crimen organizado”.
El 1 de octubre, las autoridades detuvieron al entonces fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y a los fiscales regionales Martín Irusta y Alberto Zeballos, por presuntos vínculos con el narcotráfico. El Gobierno de Rodrigo Paz los acusa de formar parte de una “organización criminal” dentro del Ministerio Público para “incentivar y proteger el narcoterrorismo en el país”. Dos días antes de estos arrestos, Estados Unidos había revocado las visas de los tres funcionarios, incluyéndolos en una lista de ciudadanos bolivianos con supuestos lazos con el crimen organizado. Estas detenciones se produjeron una semana después de un encuentro entre el presidente Rodrigo Paz y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en Nueva York, previo a la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Fuente: Infobae
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