Colombia | El Tribunal Superior Militar y Policial ha solicitado a la magistrada Catalina Díaz Gómez, presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que presente las pruebas que sustenten su afirmación de que la Justicia Penal Militar habría operado como un "mecanismo de encubrimiento" en casos de graves violaciones a los derechos humanos.
La controversia surgió a raíz de una entrevista concedida por Díaz a El Espectador, donde cuestionó el rol de dicha jurisdicción en ciertos procesos. El Tribunal, según información de Blu Radio, manifestó su respeto por la autonomía de la JEP y la libertad de expresión de sus magistrados, pero rechazó la generalización de las críticas a toda la Justicia Penal Militar y Policial.
En un comunicado, la corporación declaró: “Rechazamos las generalizaciones que califican a toda nuestra jurisdicción como un ‘mecanismo de encubrimiento’”. El Tribunal considera que una afirmación de tal magnitud ignora el trabajo de sus funcionarios y los resultados judiciales obtenidos en los últimos años.
La Justicia Penal Militar y Policial instó a Díaz Gómez a proporcionar información concreta que respalde sus declaraciones y la invitó a formalizar las denuncias pertinentes ante las autoridades competentes si posee elementos que evidencien irregularidades o actuaciones ilegales. El Tribunal defendió su autonomía e independencia constitucional, asegurando que sus decisiones se basan en principios de imparcialidad, respeto por los derechos humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el debido proceso. Además, señaló que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, como órgano de cierre de esta jurisdicción, puede dar fe de sus actuaciones.
La respuesta institucional no aborda casos específicos mencionados por la magistrada, ya que la información divulgada no detalla las situaciones particulares que Díaz utilizó para fundamentar su cuestionamiento. La discusión se centra en el alcance general de sus afirmaciones y en la exigencia del Tribunal de que cualquier señalamiento sea respaldado con datos y pruebas específicas.
Como parte de su defensa, el Tribunal Superior Militar y Policial divulgó cifras de sus resultados. Entre 2022 y lo que va de 2026, se han emitido 536 sentencias condenatorias y 135 absolutorias en segunda instancia. Estos fallos, según el Tribunal, no se limitan a delitos relacionados directamente con el servicio militar o policial, sino que también incluyen casos de homicidio, lesiones personales y delitos contra la administración pública. La institución utilizó estas cifras para refutar la idea de que la jurisdicción funciona como un mecanismo para obstaculizar investigaciones.
El Tribunal también estableció una comparación con los resultados de la JEP, señalando diferencias relevantes considerando los más de ocho años de funcionamiento de la justicia transicional. Sin embargo, la información divulgada no incluye cifras concretas de las decisiones de la JEP para sustentar esta comparación. La controversia se enmarca en un debate sobre el papel de las distintas jurisdicciones en relación con conductas cometidas durante el conflicto armado y las competencias de la justicia transicional y la Justicia Penal Militar.
Fuente: Infobae
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