Costa Rica | El país aumentó el número de condenas por trata de personas en 2025, pasando de dos a diez en un año, con penas que oscilaron entre ocho y 14 años de prisión. Este incremento se detalla en el informe sobre trata de personas de 2026 del Departamento de Estado de Estados Unidos, que mantuvo a Costa Rica en el Nivel 2, indicando que, aunque el gobierno intensificó sus esfuerzos, no cumplió plenamente con los estándares mínimos para erradicar este delito.
Durante 2025, las autoridades costarricenses investigaron 86 casos de trata, de los cuales 53 estaban relacionados con explotación sexual y 33 con explotación laboral. Esta cifra representa una disminución respecto a los 97 expedientes investigados en 2024. En cuanto a los procesamientos, se acusó a siete sospechosos (cinco por trata sexual y dos por trata laboral), una reducción en comparación con los 10 acusados del año anterior. De las 10 condenas dictadas, ocho fueron por explotación sexual y dos por explotación laboral.
El Código Penal costarricense establece penas de seis a 10 años de prisión para la trata de adultos con fines de explotación sexual y laboral, y de ocho a 16 años cuando la víctima es menor de edad. El Departamento de Estado consideró estas condenas suficientemente graves y proporcionales a delitos como la violación en casos de explotación sexual. Sin embargo, la definición de trata en la norma incluía la adopción ilegal sin fines de explotación, lo cual no se ajusta a la definición internacional. Además, se utilizaron otras figuras penales como el proxenetismo agravado (artículo 170) y coactivo (artículo 171), con penas de dos a 10 años, y el trabajo o servicios forzados (artículo 189), con condenas de seis a 10 años.
En el período evaluado, Costa Rica modificó su Código Penal para sancionar el reclutamiento deliberado de menores para cometer delitos, con penas de cuatro a seis años, que aumentan a entre cuatro y ocho años si se usa fuerza o coacción. Ocho de las 10 condenas de 2025 se dictaron bajo la legislación específica contra la trata, mientras que las otras dos se basaron en normas diferentes. Adicionalmente, 16 causas iniciadas en años previos, con un número indeterminado de sospechosos, seguían en trámite.
El informe también señala casos de corrupción y complicidad de funcionarios. Un empleado del Ministerio de Trabajo fue detenido y procesado por presuntamente pagar por actos sexuales con un menor víctima de trata sexual. Los cargos presentados en 2016 contra un exalcalde y otros dos exfuncionarios locales, acusados de dirigir una red de trata sexual de menores, aún no han llegado a juicio.
Costa Rica colaboró con otros gobiernos en operaciones policiales e investigaciones conjuntas. A nivel interno, mantuvo unidades especializadas de policía y fiscalía, aunque la falta de fondos y personal limitó su capacidad. Los fiscales especializados en San José intervenían directamente en casos y apoyaban a investigadores y fiscales de otras zonas. Se establecieron 13 grupos de trabajo provinciales para coordinar a fiscales locales y nacionales. No obstante, la capacidad institucional variaba regionalmente, y algunos funcionarios locales carecían de capacitación para identificar situaciones de trata. La policía a menudo imputaba a tratantes por delitos con penas menores que las establecidas en la ley específica, aunque el gobierno impartió capacitaciones a agentes, incluyendo cursos para fiscales rurales.
Un requisito geográfico limitó el acceso a servicios para posibles víctimas fuera de la capital, ya que debían trasladarse a San José para ser entrevistadas y obtener la acreditación necesaria. Los albergues y servicios para hombres adultos continuaron siendo insuficientes.
Fuente: Infobae
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