Costa Rica | Joselito Esquivel Ortiz, conocido como “Chelo”, enfrenta una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos, donde la Corte del Distrito Este de Texas lo reclama por presunta vinculación con delitos de narcotráfico. Esquivel Ortiz se encuentra en prisión preventiva en Costa Rica desde septiembre, imputado en el caso Riverside, que investiga una estructura criminal atribuida a Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”.
Las autoridades judiciales consideran a Esquivel Ortiz un colaborador clave de López Vega, quien ya fue extraditado a Estados Unidos. Su rol dentro de la organización no era el de “mano derecha”, sino el de coordinador entre diferentes grupos criminales. Según el expediente del caso Riverside, Esquivel Ortiz organizaba las actividades de los miembros operativos, aseguraba el cumplimiento de las instrucciones de los mandos superiores y supervisaba el almacenamiento, negociación y distribución de drogas suministradas por López Vega a otras bandas.
Fotografías recuperadas de un celular de López Vega muestran a Esquivel Ortiz en el círculo familiar del cabecilla, junto a los hijos de “Pecho de Rata”, Kishna y Jardel López Tyndall, y Randall Delgado Mora, alias “Míster Músculo”, quien servía de enlace con Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”. En una de estas imágenes, Esquivel Ortiz lleva un anillo grabado con su apodo.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ha documentado que Esquivel Ortiz acumuló vehículos, una propiedad de lujo y equipo de navegación, a pesar de una capacidad económica formal que no respalda dicho patrimonio. En la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), registra solo ocho cotizaciones entre 2013 y 2014, con un salario cercano a ₡137.000 (aproximadamente USD 300). El Registro Nacional consigna a su nombre un automóvil Hyundai Excel, dos motocicletas y dos embarcaciones inscritas en la Capitanía de Limón: “Fantasma de la Noche” y “Lindel”. La embarcación “Fantasma de la Noche” posee dos motores Yamaha de 200 caballos de fuerza, con un valor comercial estimado de ₡22 millones (USD 48.222), pero fueron declarados ante el Registro por ₡430.000 (USD 943). Esta subvaloración de activos marítimos es vista por los investigadores como un indicio de que su patrimonio no concuerda con sus ingresos declarados.
“Chelo” ya tenía antecedentes penales antes del caso Riverside, incluyendo una causa de 2020 por tenencia y portación ilegal de armas, y procesos previos por sustracción patrimonial y lesiones culposas. En 2017, se le rechazó una solicitud de inscripción de armas debido a antecedentes policiales por tenencia de marihuana.
En agosto de 2025, el OIJ interceptó una conversación entre López Vega y sus hijos donde analizaban información de un expediente de la DEA y mencionaban a individuos vinculados con “Chelo” antes de un viaje a Colombia. Además, entre las llamadas interceptadas, las autoridades detectaron contactos con un número telefónico registrado a nombre del Ministerio de Seguridad Pública, instalado en la sede de Guardacostas de Moín, dentro del plantel de Recope en Limón. Estas comunicaciones han sido calificadas como preocupantes por la policía judicial, ya que evidencian un contacto directo con el cuerpo encargado del control marítimo. Se presume que la organización reclutaba funcionarios públicos a cambio de dinero para facilitar el trasiego de droga en el Caribe Sur, en zonas como Penshurt, Cahuita, Puerto Viejo y Manzanillo.
La solicitud de extradición contra Esquivel Ortiz se suma a un expediente que ya ha afectado al núcleo familiar de López Vega. El 30 de septiembre, la jueza penal de Limón, Alejandra Rojas Calvo, dictó un año de prisión preventiva para 37 imputados del caso Riverside, incluyendo a los cuatro hijos de “Pecho de Rata”: Kishna Aneika, Jardel Leonid, Jonedzel Shaquille y Nayevska Giolanny López Tyndall. Esta medida rige hasta el 23 de junio de 2027. La jueza también remitió el expediente completo al Juzgado Penal de Talamanca, en Bribrí, tras declarar la incompetencia territorial del despacho de Limón. Otros 17 investigados en el caso recibieron medidas alternas, como firmar periódicamente en el juzgado o el impedimento de salida del país.
Con el pedido contra “Chelo”, la Fiscalía costarricense identifica a Esquivel Ortiz como el extraditable número 28 reclamado por la justicia estadounidense, en el marco de la ola de entregas que Costa Rica ha habilitado desde 2025, tras una reforma constitucional que permite extraditar a sus propios ciudadanos por narcotráfico o terrorismo.
Fuente: Infobae
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