Venezuela | Un gran jurado federal en Nueva York ha presentado una acusación reformulada contra Nicolás Maduro Moros y su esposa, Cilia Adela Flores de Maduro, imputándoles la dirección de un sistema de tortura y violaciones de derechos humanos durante más de 25 años. Esta nueva acusación, radicada el 8 de octubre ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York (caso S5 11 Cr. 205), amplía los cargos previos por narcotráfico y terrorismo que ya pesaban sobre ambos.
El documento, que representa el quinto instrumento acusatorio contra Maduro en esa corte, agrega un segundo cargo: conspiración para cometer tortura, en violación del Título 18 del Código de los Estados Unidos. La acusación original por narcoterrorismo y tráfico de drogas fue presentada en marzo de 2020 y ampliada en diciembre de 2025 para incluir a Flores de Maduro. Ambos fueron detenidos el 3 de enero de 2026.
Según el gran jurado, entre 1999 y 2025, miles de ciudadanos venezolanos fueron objeto de hostigamiento, detenciones arbitrarias, procesamiento judicial, agresiones, torturas o asesinatos por parte de agentes estatales. El objetivo de estas acciones, se alega, era asegurar la permanencia de Maduro en el poder, intensificándose la represión en periodos de inestabilidad política.
La acusación describe a Maduro como el director del sistema represivo, quien supuestamente ordenaba detenciones y torturas, recibía informes sobre el estado de los prisioneros y, en ocasiones, sugería métodos específicos. Se menciona que, ante la negativa de un detenido a hablar, Maduro hacía una señal con las manos y decía “apriétenlos más fuerte”.
Cilia Flores de Maduro es señalada como arquitecta del sistema de represión, habiendo contribuido a su diseño y ordenado torturas para proteger actividades ilegales de miembros de su familia. La acusación también identifica a tres funcionarios venezolanos de alto rango: CC-1 y CC-2, quienes habrían ejecutado o coordinado los tormentos, y CC-3, quien desarrolló métodos de tortura presentados a Maduro para su aprobación.
Entre los métodos de tortura detallados se incluyen descargas eléctricas, ahogamientos simulados y amenazas a los hijos de los prisioneros. Un oficial militar venezolano, identificado como Víctima-2, fue secuestrado en noviembre de 2013 por órdenes de Maduro, sometido a dos días de interrogatorios con descargas eléctricas, golpes, suspensión y ahogamiento simulado. Posteriormente, fue trasladado a un campamento de las FARC en Colombia, donde fue amenazado con el secuestro y violación de su hija. Maduro, según el documento, solicitó ver el video de la confesión forzada y ordenó su distribución.
Otro caso es el de la Víctima-4, detenida en enero de 2018, a quien CC-1 amenazó con matar a su hijo pequeño si no revelaba el paradero de un disidente. La víctima recibió descargas eléctricas mientras CC-1 observaba. El disidente fue posteriormente asesinado por órdenes de Maduro, transmitidas por CC-1.
La acusación también registra casos de ciudadanos estadounidenses torturados en Venezuela. La Víctima-7, detenida en enero de 2022, fue sometida a descargas eléctricas, asfixia, golpes, privación de alimentos y agua, e inyecciones que le causaron convulsiones. CC-3 presenció y se burló de la víctima durante una sesión de electrochoque. La Víctima-9, detenida en enero de 2025, sufrió golpes que le causaron una lesión ocular permanente. Al ser liberada en enero de 2026, CC-3 les advirtió a ella y a otros estadounidenses que no debían mencionar haber sido maltratados por el gobierno venezolano.
La acusación reformulada retoma y amplía los cargos por narcotráfico. Se alega que desde 2006, Maduro y Flores de Maduro utilizaron a miembros de sus escoltas de seguridad para supervisar el transporte de cargamentos de cocaína de entre 1.000 y 2.000 kilogramos, con la cobertura de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Este esquema, conocido como el Cártel de los Soles, vinculaba al gobierno venezolano con las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Cártel de Sinaloa, los Zetas (posteriormente Cártel del Noreste) y el Tren de Aragua.
Tras la muerte de Hugo Chávez en 2013, Maduro y Flores de Maduro se reunieron con la cúpula de las FARC para saldar una deuda de narcotráfico. Como parte del pago, Maduro acordó vender minas antipersonales y otras armas al grupo guerrillero hasta aproximadamente 2015. Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) también fue utilizada para financiar grupos alineados con el régimen y facilitar el movimiento de drogas. Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo de Maduro, imputado por separado en 2025 por tráfico de drogas y tenencia de armas, habría utilizado un avión de PDVSA para transportar estupefacientes bajo protección de la GNB.
El gran jurado formula cinco cargos contra ambos acusados: conspiración de narcoterrorismo (Cargo 1), conspiración para cometer tortura (Cargo 2), conspiración para importar cocaína (Cargo 3), posesión de ametralladoras y artefactos destructivos (Cargo 4) y conspiración para poseer esas armas (Cargo 5). Los cargos uno y tres se basan en el Título 21 del Código de los Estados Unidos; el cargo dos, en el Título 18, secciones 2340 y 2340A. Como consecuencia de los delitos imputados, el Estado ha solicitado el decomiso de todos los bienes de los acusados, directos e indirectos, obtenidos como producto de los crímenes, así como cualquier propiedad utilizada para facilitarlos. El documento lleva la firma del fiscal federal James M. McDonald.
Fuente: Infobae
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