México | El Centro Penitenciario El Castillo, ubicado en Mazatlán, Sinaloa, obtuvo una calificación de 5.25 sobre 10 en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2025 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Esta puntuación lo sitúa en el rango más bajo de la escala de evaluación, que clasifica de 0 a 5.9 como rango bajo.
La evaluación de la CNDH, publicada esta semana y basada en la supervisión realizada durante 2025, precede a una riña armada registrada en el penal este jueves 8 de octubre. Este incidente resultó en 10 personas fallecidas y 16 lesionadas, según reportes de autoridades estatales. Entre las víctimas mortales se encuentran nueve personas privadas de la libertad y un menor de dos años que se encontraba en una visita familiar.
El informe de la CNDH no especifica la fecha exacta en que fue comunicado formalmente a las autoridades estatales para abordar las deficiencias. Sin embargo, el documento detalla un conjunto de fallas en áreas como seguridad, gobernabilidad, prevención de incidentes violentos, servicios de salud y atención a grupos vulnerables.
En el apartado correspondiente a Sinaloa, el DNSP 2025 reportó una calificación estatal de 5.02 puntos. De los dos centros supervisados en la entidad, El Castillo obtuvo 5.25, mientras que el Centro Penitenciario Goros II registró 4.79.
La CNDH no clasificó a El Castillo con sobrepoblación, ya que su capacidad era para 1,699 hombres y 142 mujeres, con una población de 1,247 hombres y 42 mujeres. El reporte también indicó que cinco mujeres vivían con cinco hijos dentro del centro penitenciario.
Entre las principales observaciones de la CNDH se encuentra la insuficiencia de personal de seguridad y custodia, lo que se vincula con las condiciones de gobernabilidad. El diagnóstico también señaló la presencia de actividades ilícitas y una insuficiencia de programas para prevenir y atender incidentes violentos. Además, se identificó una falta de prevención de posibles violaciones a derechos humanos y deficiencias en los mecanismos para atenderlas.
El informe también destacó la insuficiencia de vías para presentar quejas por probables violaciones a derechos humanos, deficiencias en el procedimiento para imponer sanciones disciplinarias, falta de capacitación del personal penitenciario y carencias o desactualización en reglamentos y manuales internos. Estos factores fueron clasificados dentro del rubro de condiciones de gobernabilidad.
En cuanto a las condiciones de estancia digna, el informe documentó fallas en los servicios de salud, así como condiciones materiales e higiene deficientes en los dormitorios. Se enlistaron problemas en la alimentación, instalaciones insuficientes o deterioradas para la comunicación con el exterior, deficiencias en cocina y comedores, y condiciones deficientes en el área médica. El reporte no detalla el estado físico específico de cada módulo ni las reparaciones requeridas.
Otro hallazgo relevante fue la inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad y una separación deficiente entre procesados y sentenciados. El diagnóstico también reportó una deficiente integración del expediente técnico-jurídico, organización y registros inadecuados para el cumplimiento de los planes de actividades, e insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. La CNDH considera que las deficiencias en la clasificación pueden afectar la convivencia interna, la seguridad y el acceso a programas de reinserción.
Como aspecto favorable, el organismo reconoció la existencia de actividades laborales y de capacitación, así como programas de prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria en El Castillo.
Tras la riña, el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinuhé Téllez López, informó que el enfrentamiento se originó entre personas privadas de la libertad, descartando una irrupción externa. Los disparos comenzaron en el módulo cuatro y se extendieron al módulo cinco. La situación fue controlada con la intervención de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Policía Estatal y Policía Municipal. Se aseguraron al menos dos armas cortas calibre nueve milímetros. El origen de las armas y su ingreso al penal forman parte de la investigación de la Fiscalía General del Estado. Las visitas familiares fueron suspendidas de manera preventiva.
Fuente: Infobae
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