Costa Rica | El Colegio de Enfermeras de Costa Rica (CECR) ha denunciado una posible intervención gubernamental tras el retiro de dos anuncios de su campaña “La Vida No Espera”, que exponían los atrasos salariales de profesionales de Enfermería de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Los anuncios fueron retirados de espacios públicos en San José en un lapso de 24 horas, sin una explicación formal, según la organización.
Uno de los anuncios estaba ubicado en una parada de autobús frente a las oficinas centrales de la CCSS, y el otro era un tótem en la Plaza de la Cultura. La empresa contratada para la publicidad comunicó al Colegio que los anuncios debían ser retirados, y en una conversación telefónica, representantes de la compañía habrían indicado que la instrucción provenía del Gobierno. Hasta el momento, ninguna autoridad gubernamental ha acreditado públicamente haber ordenado el retiro.
Gabriel Guido Sancho, presidente del Colegio de Enfermeras, confirmó que la organización ha iniciado acciones administrativas y judiciales para identificar a los responsables y determinar si hubo una interferencia indebida. Guido expresó preocupación por la posibilidad de que se haya intentado limitar la difusión de denuncias sobre derechos laborales y aseguró que el Colegio llevará el caso “hasta las últimas consecuencias”.
Giovanni Eduardo Rodríguez Solís, asesor legal del Colegio, señaló que las circunstancias deben analizarse a la luz de las garantías constitucionales de libertad de expresión. Mencionó los artículos 27, 28 y 29 de la Constitución Política de Costa Rica, que protegen el derecho de petición, las garantías frente a la persecución por opiniones y el derecho a comunicar y publicar pensamientos sin censura previa, respectivamente.
Esta situación se enmarca en un conflicto laboral que afecta al personal de Enfermería de los hospitales públicos. El 5 de octubre de 2026, el Colegio de Enfermeras había recopilado 714 reportes de profesionales de la CCSS con salarios atrasados o pagos incompletos, obtenidos entre el 25 y el 29 de septiembre. De estos casos, 8 de cada 10 presentaban atrasos de dos meses o más, y el 83% de los afectados eran mujeres.
Las irregularidades denunciadas incluyen falta de pago de salarios ordinarios, diferencias en remuneraciones, problemas con el reconocimiento de horas extraordinarias y atrasos relacionados con nombramientos y sustituciones. Estas cifras contrastan con los 482 casos de dificultades salariales que la CCSS había identificado públicamente en septiembre. La institución sanitaria anunció que gestionaría los pagos pendientes durante octubre mediante una revisión individual de expedientes.
La Auditoría Interna de la CCSS también identificó problemas asociados al sistema de pagos SIPE, incluyendo 808 funcionarios con dificultades salariales en el Hospital México y movimientos administrativos pendientes en otros centros médicos. El conflicto ya había provocado una huelga nacional del sector salud el 17 de septiembre, y el Colegio de Enfermeras presentó en agosto un recurso de amparo ante la Sala Constitucional por los problemas de pago.
Fuente: Infobae
Apoya el periodismo independiente
Sinpe 6334-5121 | Donar Aquí