Colombia | El nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella ha implementado un cambio significativo en la política de seguridad del país, abandonando el enfoque de "paz total" de la administración anterior de Gustavo Petro. La nueva estrategia se centra en una campaña militar agresiva contra grupos criminales y terroristas, así como en la erradicación forzosa de cultivos de coca, incluyendo la reanudación de la aspersión aérea.
De la Espriella ha integrado a Colombia en el "Escudo de las Américas" liderado por Estados Unidos y la "Coalición de las Américas contra los Cárteles" (A3C), abriendo nuevas vías de cooperación en seguridad. Esta colaboración ha resultado en una promesa de hasta 1.000 millones de dólares en asistencia por parte de la administración Trump para este fin.
La situación de seguridad en Colombia se deterioró tras los acuerdos de 2016 con las FARC, que generaron insatisfacción en diversos sectores políticos. Aunque los acuerdos desmovilizaron a 13.000 combatientes, algunos miembros de las FARC se unieron al ELN o formaron nuevas organizaciones criminales. La pandemia de COVID-19 y la política de "Paz Total" de Petro agravaron la situación, permitiendo a los grupos armados expandirse y consolidar su control.
Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, en 2015 había aproximadamente 12.000 combatientes armados en Colombia. Para 2025, la Fundación Ideas para la Paz estimó que el número se mantenía similar, pero la cantidad de municipios con presencia de grupos armados se disparó de 195 en 2019 a más de 410 en 2025.
El financiamiento de estos grupos criminales ha aumentado debido al incremento en la producción de cocaína y la minería ilegal. La cantidad de coca cultivada en Colombia pasó de 96.000 hectáreas en 2015 a 261.000 hectáreas en 2024, según la UNODC. Los ingresos de los grupos criminales por la cocaína se multiplicaron por 5,5 entre 2014 y 2024, alcanzando los 16.500 millones de dólares anuales. Los ingresos por minería ilícita también crecieron, de 2.000-3.000 millones de dólares en 2015 a unos 8.400 millones de dólares anuales para 2025.
La llegada de 2,8 millones de venezolanos a Colombia, sumado a millones en tránsito, ha creado oportunidades para ingresos ilícitos a través del contrabando, la prostitución, la extorsión y el robo, aprovechados por grupos como el Tren de Aragua. Como resultado, la violencia en el campo y las zonas urbanas ha aumentado, con un incremento del 11% en los homicidios entre 2015 y 2025, según el Ministerio de Defensa de Colombia.
Durante la administración Petro, las fuerzas de seguridad colombianas enfrentaron obstáculos, incluyendo la remoción de 52 altos generales y políticas que desincentivaron acciones agresivas. La prohibición de bombardeos aéreos a campamentos con menores presentes y la elección de Iván Velásquez como ministro de Defensa, conocido por investigar a militares, reforzaron esta tendencia. Además, la administración Petro implementó múltiples treguas y ceses al fuego que limitaron las operaciones de seguridad, y redujo significativamente los fondos para las instituciones de seguridad, afectando la disponibilidad de equipos y personal.
El gobierno de De la Espriella ha revertido estas políticas. Nombró al mayor general Jorge Mora López como ministro de Defensa y, en el plazo de un mes, puso fin a casi todos los procesos de negociación de paz. Se han iniciado operaciones militares significativas, como una operación aérea contra el ELN en Catatumbo y la Operación Amón contra el bloque Jorge Suárez del grupo Calarcá en Guaviare. También se creó la Fuerza de Tarea Conjunta Urano para combatir el robo de hidrocarburos.
El gobierno ha anunciado la reanudación de la aspersión aérea contra la producción de coca, con un programa piloto en Putumayo utilizando glufosinato de amonio, aunque esta iniciativa ha sido impugnada legalmente. La cooperación en seguridad con Estados Unidos se ha revitalizado, incluyendo el intercambio de inteligencia y la posibilidad de operaciones conjuntas. El 8 de septiembre de 2026, De la Espriella anunció el "Plan Patriota para el siglo XXI" con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sugiriendo que la asistencia de 1.000 millones de dólares podría incluir apoyo para modernizar aeronaves, helicópteros, radares, drones, sistemas antidrones, defensa aérea, inteligencia, ciberdefensa, fuerzas especiales y sistemas de mantenimiento. Además, se han reanudado las extradiciones a Estados Unidos, con 94 personas enviadas en el primer mes de gobierno.
Las iniciativas de seguridad de De la Espriella con el apoyo de Estados Unidos conllevan riesgos. A corto plazo, la intensificación de las acciones contra grupos armados podría aumentar la violencia, como se ha observado en ataques con drones del ELN y represalias tras operaciones militares. También se anticipa resistencia legal, como demandas por la presencia de menores en campamentos bombardeados y la suspensión de programas de aspersión aérea por riesgos para la salud. Grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional y Save the Children han expresado su preocupación por el enfoque militar. La situación en Venezuela, donde grupos criminales obtienen ingresos y refugio, también influye en la seguridad de Colombia. El entorno estratégico actual es más complejo que hace dos décadas, con la presencia de drones armados, ciberataques y criptomonedas en manos de grupos criminales.
Fuente: Infobae
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