Uruguay propone jubilación anticipada a los 60 años con 30 años de trabajo

Uruguay | El gobierno de Yamandú Orsi planea enviar al Parlamento un proyecto de ley que permitiría el retiro anticipado a los 60 años de edad, siempre que se cuente con 30 años de trabajo. Esta iniciativa fue anunciada por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, tras una reunión de gabinete.

La propuesta busca ofrecer una alternativa a los trabajadores que enfrentan dificultades para continuar laborando hasta los 65 años, edad mínima de retiro establecida por la reforma jubilatoria de 2023, implementada por la administración de Luis Lacalle Pou. Según un comunicado conjunto de los ministerios de Economía, Trabajo y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), esta causal de retiro anticipado está diseñada para brindar mayor flexibilidad y atender diversas situaciones personales, especialmente aquellas que implican un desgaste físico acumulado.

El proyecto prioriza a los trabajadores con ingresos bajos y medio-bajos, permitiéndoles jubilarse con montos similares o superiores a los que habrían recibido antes de la reforma de 2023. Sánchez indicó que aproximadamente el 30% de los trabajadores con salarios más bajos se beneficiarían de esta medida en condiciones iguales o mejores a las previas a la Ley 20.130. Para los sectores de ingresos medios y altos, el esquema de beneficios está diseñado para incentivar la permanencia en el mercado laboral hasta los 65 años, ya que una jubilación anticipada resultaría en un monto menor.

Una limitación de esta propuesta es que quienes opten por jubilarse a los 60 años no podrán reincorporarse formalmente al mercado laboral, a diferencia de lo que permitía la reforma anterior. Las autoridades justifican esta restricción argumentando que la causal está dirigida a quienes no pueden o no desean seguir activos, por lo que no habilita la compatibilidad con el trabajo.

El gobierno asegura que esta modificación no comprometerá la sostenibilidad fiscal del país. Un informe del Banco de Previsión Social (BPS) estima un costo anual máximo del 0,16% del PIB entre 2040 y 2045, el cual se proyecta decreciente hasta ser nulo a largo plazo. La iniciativa surgió del "diálogo social", un espacio convocado por el Poder Ejecutivo para discutir ajustes a la reforma jubilatoria previa.

Fuente: Infobae