Costa Rica | El Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), una nueva prisión de máxima seguridad, fue inaugurado este miércoles 14 de octubre de 2026 en Costa Rica. La instalación, con capacidad para 5.100 privados de libertad, está diseñada para albergar a individuos de alta peligrosidad y miembros de organizaciones criminales que, según las autoridades, operan desde los centros penitenciarios.
La presidenta Laura Fernández Delgado encabezó la inauguración, acompañada por el expresidente Rodrigo Chaves Robles y el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, junto a otros miembros del gabinete y representantes institucionales. La construcción del CACCO, iniciada en enero de 2026, implicó una inversión de ₡16.774 millones (USD 36 millones), financiada íntegramente con recursos del presupuesto nacional.
La presidenta Fernández afirmó que la nueva infraestructura busca transformar la administración del sistema penitenciario, especialmente en el manejo de delincuentes con lazos con estructuras criminales externas. "Vamos a ejercer mano dura, sí, porque el que la hace la tiene que pagar. Pero a la vez vamos a honrar la tradición costarricense de apegarse al respeto de los derechos humanos fundamentales", declaró.
El complejo penitenciario se extiende sobre un terreno de 91.000 metros cuadrados, con 31.000 metros cuadrados de infraestructura edificada. La prisión se divide en cinco módulos, cada uno con capacidad para 1.020 reclusos. El Gobierno informó que el establecimiento cuenta con sistemas de videovigilancia, monitoreo electrónico 24/7, controles de ingreso y salida reforzados, y espacios diseñados para prevenir el ocultamiento de objetos prohibidos. También dispone de patios de sol, consultorios médicos, locutorios para visitas familiares y legales, y áreas para visitas íntimas, sujetas a protocolos especiales.
Las autoridades explicaron que la infraestructura tiene como objetivo evitar que los internos utilicen dispositivos de comunicación o ejerzan influencia sobre otros reclusos para mantener actividades delictivas. El ministro Gabriel Aguilar advirtió que "El CACCO no va a ser un hotel, no es un lugar de descanso y no será jamás una universidad del crimen", enfatizando la meta de recuperar el control institucional dentro de las prisiones.
Los primeros traslados de privados de libertad se realizarán a finales de octubre, una vez que la Policía Penitenciaria se familiarice con las instalaciones y equipos tecnológicos. La Policía Penitenciaria asumirá el control de la infraestructura a partir del 15 de octubre. Aguilar adelantó que los primeros reclusos serán personas sentenciadas y en prisión preventiva que actualmente se encuentran en alta contención y tienen vínculos con estructuras criminales. Se aclaró que los sentenciados no se mezclarán con los que están en prisión preventiva, y la asignación de espacios se basará en la situación legal de cada persona. También serán trasladados los "hachudos", reclusos identificados por ejercer liderazgos negativos, intimidar a otros internos o controlar actividades dentro de los pabellones. Aguilar mencionó que algunos de estos internos cobran a otros por el uso de colchones o la recepción de alimentos del sistema penitenciario, y la intención es desmantelar estas estructuras de poder mediante la reubicación de sus miembros. Los módulos dos y cuatro serán los primeros en recibir población penitenciaria, con una ocupación proyectada de aproximadamente 2.500 espacios para diciembre de 2026. El Ministerio de Justicia cuenta con recursos presupuestarios para iniciar las operaciones este año y el proyecto está incluido en el presupuesto de 2027. Los protocolos específicos para alimentación, atención médica, visitas familiares y procedimientos de seguridad aún deben ser presentados.
La presidenta Fernández proyectó que el traslado de reclusos al CACCO podría reducir el hacinamiento carcelario del país del 59% a cerca del 15%. "Vamos a descongestionar las cárceles. Estamos, una vez que hagan la mudanza, a las puertas de vivir un hito histórico", afirmó. Esta disminución es una proyección gubernamental que dependerá de la ocupación efectiva del nuevo establecimiento y de la evolución de la población penitenciaria.
Durante la inauguración, la presidenta solicitó al ministro de Justicia el traslado al CACCO del responsable del asesinato del oficial de la Fuerza Pública Gerson Rosales. "Todo asesino sicario que ha matado policías de Costa Rica lo quiero en el CACCO, presente y futuro", expresó Fernández. El ministro Aguilar se comprometió a que el responsable de ese crimen sería el primer privado de libertad en ocupar una celda del nuevo complejo penitenciario. La mandataria reiteró su política de "cero tolerancia" ante los ataques contra miembros de los cuerpos policiales.
Se anunció la implementación de uniformes obligatorios para los internos del nuevo establecimiento, confeccionados por mujeres privadas de libertad del CAI Vilma Curling Rivera, como parte del programa Cero Ocio. Los uniformes, elaborados con materiales donados por empresas privadas, no tendrán bolsas, cintas ni elásticos, y contarán con costuras adaptadas a las exigencias de seguridad penitenciaria. El ministro también informó sobre la aplicación de nuevos protocolos y reglamentos para administrar las instalaciones, enfatizando que las medidas no buscan abusos, sino establecer controles diferenciados para quienes representan mayores riesgos.
La ceremonia estuvo marcada por críticas de la presidenta Laura Fernández y el expresidente Rodrigo Chaves, actual ministro de Presidencia y Hacienda, hacia el Poder Judicial, cuyos principales representantes no asistieron al acto. Fernández lamentó la ausencia de magistrados y otros jerarcas judiciales, cuestionando la falta de coordinación que, a su juicio, ha limitado la respuesta del Estado ante el crimen organizado. Chaves defendió la construcción del centro penitenciario como una muestra de que el proyecto pudo ejecutarse a pesar de los cuestionamientos. Estas declaraciones reflejaron tensiones entre el Poder Ejecutivo y las autoridades judiciales en relación con las políticas de seguridad, medidas cautelares y el tratamiento de personas vinculadas con la criminalidad organizada. La presidenta también instó a los diputados a avanzar en el trámite de 12 proyectos de ley presentados por su administración para fortalecer la protección de las víctimas y combatir las estructuras criminales. Al finalizar su intervención, Fernández dirigió un mensaje a las organizaciones delictivas: "Señoras y señores del crimen organizado, del narcoterrorismo y delincuentes violentos, aquí está su nueva casa".
Fuente: Infobae
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