Nicaragua | Emilio T. González, exdirector del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, ha propuesto cuatro medidas para aumentar la presión sobre el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Estas sugerencias surgen después de que Managua rechazara la designación de Natasha Franceschi como embajadora de Estados Unidos en el país.
González, en una publicación del 14 de octubre, describió a la administración nicaragüense como "un cáncer para el pueblo nicaragüense y una vergüenza para las Américas". Sus propuestas incluyen la expulsión o suspensión de Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR), la imposición de impuestos a las remesas, el aislamiento internacional del país y la aplicación de sanciones.
El Departamento de Estado de Estados Unidos informó el 13 de octubre que, por instrucciones del secretario de Estado, el encargado de Negocios estadounidense, Elías Baumann, regresaría a Washington para consultas. Esta decisión se tomó en respuesta a la negativa de Ortega y Murillo de aceptar a Franceschi como representante diplomática. El Departamento de Estado calificó esta decisión como una muestra de la "hipocresía de su retórica de respeto mutuo y su deseo de montar un espectáculo político a costa del pueblo nicaragüense", y señaló que reflejaba la falta de disposición del régimen para un diálogo diplomático.

Franceschi fue nominada el 7 de agosto. Según los usos diplomáticos, el gobierno receptor debe otorgar su plácet o agrément antes de que el diplomático asuma el cargo. La administración estadounidense cuestionó que Managua rechazara a una diplomática de carrera mientras mantiene demandas de respeto mutuo y contacto político con Washington.
Alex Aguirre, director del Instituto para la Paz y el Desarrollo, un nicaragüense, respaldó el mensaje de González, refiriéndose al gobierno como una "dictadura sandinista" y a Ortega y Murillo como "figuras detrás de una organización criminal". Daniel Ortega, de 80 años, y Rosario Murillo, de 75, ejercen un control significativo sobre la sociedad nicaragüense, especialmente desde las protestas de 2018, que, según la ONU, resultaron en más de 300 muertes.



Fuente: Infobae
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