Colombia | Funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación realizaron una inspección judicial en la sede de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia (Dnbc), ubicada en Bogotá, el jueves 15 de octubre de 2026. El objetivo de la diligencia fue recopilar evidencia relacionada con posibles irregularidades en la contratación de equipos para los organismos de socorro.
Estas acciones se derivan de denuncias presentadas por el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, quien remitió a la Fiscalía, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República los resultados de una auditoría forense. Dicha auditoría se centró en cuatro contratos suscritos durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, los cuales sumaron $62.256 millones tras varias adiciones presupuestales. El informe señala inconsistencias en la entrega de suministros, los registros de recepción y los soportes de supervisión.
Los contratos bajo revisión fueron celebrados para adquirir materiales y equipos destinados a los cuerpos de bomberos, en respuesta a las emergencias causadas por un frente frío que afectó a ocho departamentos del país en febrero de 2026. En ese momento, el gobierno de Petro declaró una emergencia por 30 días, lo que permitió realizar contrataciones mediante la figura de urgencia manifiesta, sin licitación pública.
Según información divulgada por la revista Semana, los cuatro contratos examinados corresponden a las empresas Multisolutions America S.A.S., con un valor de $25.698.161.730; Makei Soluciones y Asesorías S.A.S., por $24.063.598.700; Representaciones Fonina S.A.S., con $3.940.442.098; y Representaciones Químicas de Colombia RQC S.A.S., por $1.263.602.344. Inicialmente, estos procesos tenían un valor conjunto de $41.992 millones, alcanzando los $62.256 millones después de las adiciones. De este total, se habrían pagado $54.966 millones a los contratistas.
La auditoría también observó que solo $313,6 millones se habrían destinado a atender inundaciones, a pesar de que estas fueron una de las principales consecuencias del frente frío, concentrándose la mayor parte de los recursos en equipos para incendios. Además, se cuestionan las fechas de celebración de algunos contratos, ya que habrían sido suscritos fuera del periodo de 30 días de la declaratoria de emergencia. Las facturas de mayor cuantía se emitieron el 22 de junio de 2026, un día después de la segunda vuelta presidencial.
El ministro Lara Restrepo, en un video, señaló inconsistencias en los registros de recepción de materiales, indicando que un funcionario de la Dirección Nacional de Bomberos acreditó la recepción de cascos y materiales, pero a la vez los dejó en la bodega del vendedor. El ministro defendió la auditoría forense, afirmando que el equipo del Ministerio del Interior es uno de los mejores del país y que se entregaron pruebas a los organismos de control.
Por su parte, Ángela Infante, gerente y representante legal de Makei, negó el incumplimiento en la entrega de suministros, asegurando que la empresa distribuyó elementos a varios cuerpos de bomberos al final del gobierno anterior. Infante explicó que la compañía verificó las existencias antes de aceptar el contrato, mencionando que tienen contratos internacionales bajo vigilancia. La inspección judicial de la Fiscalía busca establecer las posibles responsabilidades penales y las circunstancias de la ejecución contractual.
Fuente: Infobae
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