Colombia | La Fiscalía General de la Nación ha declarado el asesinato del magistrado Álvaro de Jesús Medina Ochoa, ocurrido el 8 de abril de 1985, como un crimen de lesa humanidad. Esta decisión, adoptada el martes 13 de octubre de 2026 por la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, hace imprescriptible la investigación por el homicidio del juez, quien había ordenado la captura de Pablo Escobar Gaviria.
La resolución de la Fiscalía establece la imprescriptibilidad de la acción penal en este caso, lo que permitirá que el proceso judicial continúe sin que operen los plazos de vencimiento para perseguir a los responsables. Además, se revocó el auto inhibitorio del 1 de agosto de 1991, que había archivado el expediente sin emitir órdenes de captura, y hasta la fecha no hay detenidos por el crimen.
La nueva calificación obliga a reanudar la investigación sobre el asesinato del magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín. El proceso podría incluir interrogatorios a antiguos miembros del cartel de Medellín que aún estén vivos, para determinar su participación en el homicidio. Entre los posibles llamados a declarar se encuentran Carlos Lehder y Fabio Ochoa, quienes regresaron a Colombia tras cumplir condenas en Estados Unidos y actualmente están en libertad sin procesos pendientes en el país.
Ricardo Medina, hijo del magistrado, expresó que esta decisión es un reconocimiento a las víctimas de la Rama Judicial que dejó el cartel de Medellín. Considera que el criterio aplicado en el caso de su padre podría extenderse a otros homicidios de integrantes de la Rama Judicial, lo que representa un triunfo para las víctimas después de años de impunidad y desafía el relato de antiguos capos que creen no tener cuentas pendientes tras cumplir condenas en Estados Unidos.
El homicidio de Medina ocurrió cuando llegaba a su vivienda en el barrio La Floresta de Medellín. Dos sicarios del cartel liderado por Pablo Escobar le dispararon mientras descendía de su automóvil junto a su esposa. Un año antes del ataque, el magistrado había dictado autos de detención contra Escobar y algunos de sus lugartenientes. Durante los 12 meses previos, recibió visitas de emisarios que intentaron sobornarlo, así como amenazas telefónicas y sufragios escritos.
El asesinato de Medina formó parte de una ofensiva del narcotráfico contra funcionarios que investigaban a la organización. El llamado “plan pistola” resultó en la muerte de cuatro magistrados en Medellín entre 1985 y 1989: Gustavo Zuluaga, Mariela Espinosa, Héctor Jiménez Rodríguez y Álvaro Medina.
Otros funcionarios judiciales también fueron asesinados por investigar a capos del narcotráfico. El juez Julio Marín Jaramillo fue asesinado el 10 de octubre de 1980 en Medellín, seguido por la jueza Ana Cecilia Cartagena diez días después. En 1983, el procurador Domingo Cuello Pertuz y la jueza Olga Grisales Rodríguez fueron asesinados, presuntamente por agentes de la policía.
Funcionarios que examinaban el expediente de Pablo Escobar Gaviria también fueron víctimas de violencia, como el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, asesinado en 1984, y el magistrado Gustavo Zuluaga Serna, asesinado en 1986. El año 1989 fue particularmente violento, con el asesinato del juez Carlos Valencia García, quien investigaba el asesinato del director de El Espectador. Su muerte fue establecida como el Día de los Mártires de la Justicia. Ese mismo año también fueron asesinados la jueza María Elena Díaz Pérez, el magistrado Héctor Jiménez Rodríguez, la jueza Mariela Espinosa de Arango y el juez Bernardo Jaramillo Uribe.
La Constitución de 1991 reorganizó la Rama Judicial, creando la Fiscalía General de la Nación y trasladando tareas de investigación a los fiscales. También se establecieron tribunales sin rostro para proteger la identidad de quienes juzgaban casos de narcotráfico, lo que contribuyó a reducir la letalidad de los ataques. Sin embargo, la violencia continuó, con el asesinato de la jueza Myriam Rocío Vélez en 1992 y el juez Diego Fernando Escobar Múnera en 2010.
El magistrado Óscar Bustamante Hernández ha señalado que la mayoría de los jueces asesinados provenían de sectores humildes y campesinos, caracterizados por su compromiso con el deber. En muchos casos, las investigaciones no lograron identificar con certeza a quienes ordenaron los crímenes, debido a que los funcionarios enfrentaban amenazas simultáneas de narcotraficantes, grupos paramilitares y posibles miembros de las fuerzas de seguridad, todos con intereses en obstruir las pesquisas.
Fuente: Infobae
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