Argentina | El Gobierno de Javier Milei considera la posibilidad de modificar el Presupuesto 2027 para reasignar fondos y cumplir con las demandas de financiamiento de las universidades, que ascienden a 11 billones de pesos. Esta alternativa surge en un contexto de creciente presión judicial y política, a pesar de la postura inicial de no realizar nuevas erogaciones que afecten el equilibrio fiscal.
La discusión sobre la modificación presupuestaria se ha planteado en reuniones de la mesa política, aunque aún no cuenta con el consenso de todos los integrantes del oficialismo. Esta opción ha ganado fuerza tras una serie de fallos judiciales que han complicado al Poder Ejecutivo.
Recientemente, el juez federal Martín Cormick impuso una multa diaria de 100.000 pesos al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de una medida cautelar. Dicha medida exige la actualización de salarios para docentes y no docentes, así como la provisión del fondo de becas establecido en la ley de financiamiento universitario. El Gobierno ha cuestionado la decisión del magistrado, insinuando vínculos con el kirchnerismo, y ha anunciado que apelará tanto la multa como el fallo que ordena la implementación de la ley.
Desde la Casa Rosada se argumenta que los incrementos aplicados desde diciembre de 2023, sumados a un aumento del 21,33% en junio, totalizan una actualización acumulada del 226,80%, cifra que consideran compatible con las exigencias judiciales. Sin embargo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) fue quien notificó al juez Cormick sobre el vencimiento del plazo para los pagos, solicitando la multa contra Santilli. Franco Bartolacci, titular del CIN, destacó la importancia de que la multa se haya fijado sobre una autoridad competente y no de manera vaga sobre el Estado.
Paralelamente, el Gobierno enfrenta una jornada de presión legislativa en la Cámara de Diputados, donde la oposición busca conseguir quórum para tratar la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023. Este DNU, considerado central por la administración libertaria, eliminó regulaciones en diversos sectores como alquileres, salud y transporte. El oficialismo teme que una derogación integral genere discusiones administrativas y judiciales sobre medidas ya aplicadas.
Ante esta situación, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, convocó a una sesión para el 21 de octubre con el objetivo de debatir una alternativa legislativa. Esta propuesta buscaría restituir límites a la venta de tierras rurales a extranjeros, un punto del DNU que ha generado controversia y fallos de la Corte Suprema. La iniciativa propone reponer los topes de la Ley de Tierras de 2011, que establece que personas físicas o jurídicas extranjeras no pueden poseer más del 15% de las tierras rurales del país, provincia o departamento. Esta medida busca desactivar la convocatoria opositora y proteger el DNU 70.
Mientras el oficialismo negocia en el Congreso, gremios docentes y agrupaciones estudiantiles realizarán una nueva movilización en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, manteniendo el tema en el centro de la agenda política.
Fuente: Infobae
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