Brasil | El próximo Congreso de Brasil se prepara para una posible confrontación con el Supremo Tribunal Federal, que podría incluir un juicio político contra el magistrado Alexandre de Moraes. Esta iniciativa es impulsada por aliados del expresidente Jair Bolsonaro, quienes buscan ampliar una agenda de derecha tras dominar las elecciones legislativas recientes.
El proceso de juicio político contra Moraes, quien ordenó el arresto y condena de Jair Bolsonaro por delitos de golpismo, requeriría el respaldo de dos tercios del Senado. Expertos y funcionarios del Senado y de la corte, consultados por Reuters, han señalado que este plan representa una escalada del Poder Legislativo frente a un Poder Judicial que ha sido fortalecido.
Si el senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente, gana la segunda vuelta electoral el 25 de octubre, un Poder Judicial debilitado podría eliminar uno de los principales controles sobre su gobierno. El Supremo Tribunal Federal fue un obstáculo para la agenda de Jair Bolsonaro durante su presidencia (2019-2023), frenando iniciativas relacionadas con protecciones ambientales, restricciones sanitarias y la compra de armas.
La elección actual es decisiva, ya que el próximo presidente podrá nombrar al menos a cuatro de los once jueces del tribunal, incluyendo una vacante existente y los reemplazos de tres magistrados que alcanzarán la edad de retiro obligatorio antes de que termine el mandato presidencial. Una victoria de Flavio Bolsonaro, sumada a los dos jueces ya nombrados por su padre, podría significar que la familia Bolsonaro controle la mayoría del tribunal hacia 2031. La destitución de Moraes, de 57 años, aceleraría este escenario.
Bruna Santos, directora del Programa Brasil del Diálogo Interamericano, advirtió que una eventual destitución de Moraes redefiniría el equilibrio de poder en Brasil por una generación. La Constitución brasileña permite al Senado juzgar a los jueces de la Corte Suprema por infracciones que violen la carta magna o pongan en riesgo la seguridad pública, necesitando 54 votos de los 81 senadores para condenar y remover a un magistrado.
Los aliados del senador Bolsonaro podrían acercarse a este número, ya que su partido obtuvo 28 bancas y ha asegurado el apoyo de otros cinco partidos que suman 22 bancas adicionales, alcanzando un total de 50 senadores. Los cuatro votos restantes podrían provenir de los 15 senadores de partidos no alineados.
Desde 2023, se han presentado 48 pedidos de juicio político contra Moraes en el Senado, pero ninguno ha avanzado porque el presidente de la cámara es quien decide si una denuncia procede. Esta dinámica podría cambiar, ya que Rogério Marinho, jefe de campaña del senador Bolsonaro, es el candidato con más posibilidades de convertirse en el próximo presidente del Senado.
Marinho ha declarado que el Senado no buscará “venganza”, pero que la cámara actual “está fallando en actuar” para exigir responsabilidad a los magistrados. Afirmó que si se cometieron infracciones que ameriten un juicio político, deben ser investigadas, ya que “nadie está por encima de la ley”.
Moraes se ha convertido en una figura polarizante en Brasil. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el caso de Bolsonaro como una “cacería de brujas” y sancionó brevemente al juez en 2025. Además, el magistrado ordenó la suspensión de X en Brasil en 2024, lo que llevó a Elon Musk a acusarlo de censura y autoritarismo.
Seguidores de Bolsonaro han pedido la remoción de Moraes tras un informe de la policía federal que reveló comunicaciones entre el magistrado y un banquero acusado de fraude. El propio Bolsonaro, investigado por vínculos con el mismo banquero, también ha reclamado la salida de Moraes. El senador electo Domingos Sávio, del Partido Liberal (PL) de Bolsonaro, indicó que “defender al Poder Judicial significa enfrentar este problema: abrir un proceso de impeachment y darle derecho a defensa, concluirlo y dar vuelta esta página”.
Por su parte, el presidente Lula ha respaldado públicamente el levantamiento del secreto de la investigación y ha pedido transparencia, divulgación e imparcialidad en el análisis de las acusaciones de corrupción. Ni Moraes ni la Corte Suprema han respondido a las consultas de Reuters. El magistrado y el resto del tribunal han defendido sus decisiones como necesarias para sostener la ley brasileña y proteger las instituciones democráticas, y Moraes ha calificado las pesquisas en su contra como una represalia política y electoral.
Fuente: Infobae
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