Argentina | Los ciudadanos de Allen, en la provincia de Río Negro, votarán el próximo 8 de noviembre en un referéndum para decidir si el intendente Marcelo Román debe continuar en su cargo. Román, quien se identificaba como el único mandatario municipal de La Libertad Avanza en la provincia, enfrenta una imputación en una causa penal por presunta administración fraudulenta y peculado, y ha perdido el apoyo de su partido.
El Concejo Deliberante de Allen aprobó la realización de esta consulta popular, que es la etapa final de un proceso de revocatoria de mandato. Este proceso fue impulsado por un grupo de vecinos y avanzó después de que se verificaran 4.771 firmas válidas del padrón electoral municipal, superando el umbral requerido por la Carta Orgánica para convocar a un referéndum.
La situación actual es el resultado de una disputa entre el Ejecutivo municipal y el cuerpo legislativo, que también ha tenido repercusiones judiciales. En julio, los concejales habían suspendido preventivamente al intendente, pero esta decisión fue anulada en agosto por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. El tribunal consideró que el Concejo Deliberante no tenía la competencia para aplicar dicha medida en las condiciones en que lo hizo.
La suspensión preventiva de Román, dispuesta por la Ordenanza 044/2026 el 8 de julio, fue aprobada con seis votos a favor y tres en contra. Esta medida implicaba que el intendente dejara de percibir su salario y que la conducción interina del municipio fuera asumida por el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Figueroa. La decisión de los concejales se tomó semanas después de que la jueza de Garantías Natalia González formulara cargos contra Román y el empresario Sebastián Ocampo, quien es señalado por la Fiscalía como presunto partícipe necesario en los hechos investigados.
Según la hipótesis fiscal, entre marzo de 2024 y julio de 2025, el municipio habría adquirido un teléfono celular por $479.999 mediante un plan corporativo. El abono mensual, pagado con fondos públicos, habría elevado el desembolso total a $596.812,38. La acusación sostiene que el aparato fue entregado a una persona ajena a la administración municipal.
Los concejales fundamentaron la suspensión en el artículo 109 de la Carta Orgánica de Allen, que permite esta acción cuando un funcionario municipal es procesado. Interpretaron que la formulación de cargos en el sistema procesal penal actual era equivalente al antiguo procesamiento. Román, por su parte, rechazó esta interpretación, calificando la medida como un “golpe institucional” y considerándola “avasalladora, ilegal e inconstitucional”, anunciando que recurriría a la Justicia.
El 28 de agosto de 2026, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro aceptó el planteo del intendente y anuló las ordenanzas 044/2026 y 045/2026, así como los actos administrativos derivados. El máximo tribunal provincial dictaminó que el Concejo Deliberante carecía de competencia para suspender al intendente en esas circunstancias, ya que la Carta Orgánica exige una imputación y una resolución de procesamiento por parte del tribunal competente, condiciones que no pueden interpretarse como alternativas. Aunque el fallo dejó sin efecto la suspensión, no abordó el fondo de la investigación penal contra Román, que sigue su curso judicial de manera independiente al proceso de revocatoria.
Paralelamente a esta disputa institucional, la iniciativa de revocatoria de mandato se gestó a partir de una campaña de recolección de firmas liderada por Silvina Cantero. En mayo de 2026, Cantero presentó más de 3.000 firmas para activar el mecanismo establecido en el artículo 98 de la Carta Orgánica municipal. Tras la habilitación de cinco libros para reunir adhesiones y la verificación de las firmas, se confirmó un total de 4.771 firmas válidas, incluyendo las de electores extranjeros empadronados. Este resultado alcanzó el 20% del padrón electoral de 2023, requisito para avanzar hacia el referéndum popular.
La convocatoria al referéndum fue tratada en una sesión ordinaria del Concejo Deliberante, mediante un proyecto de resolución presentado por el presidente y el vicepresidente del cuerpo. La propuesta fue aprobada con seis votos a favor y tres en contra. Los concejales que respaldaron la convocatoria fueron los de UCR Auténtica, liderados por Fabián Figueroa; los de Alianza Juntos Somos Río Negro (JSRN), representados por Guillermo Pennesi, María Aburto, Gustavo Addamo y Agustina Sánchez; y los de Alianza Nos Une Río Negro, encabezados por Marta Crespo. Los tres integrantes del bloque UCR, Antonio Sepúlveda, Valeria Bezic y Analía Martínez, votaron en contra.
En el ámbito partidario, Román, quien había sido vicepresidente provincial de La Libertad Avanza, renunció a su cargo tras el inicio de la investigación penal y perdió el respaldo de las autoridades del partido, quienes afirmaron que ya no formaba parte de la fuerza. El intendente enfrenta ahora dos procesos distintos: uno judicial para determinar su responsabilidad penal y otro político-institucional, donde los vecinos decidirán su continuidad en el cargo.
Fuente: Infobae
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