Colombia | Museos de arte moderno de Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Medellín y Tolima, junto con el Museo Rayo de Roldanillo, han expresado su preocupación por la remoción de obras y objetos de las exposiciones abiertas al público del Museo Nacional. Las instituciones, en un documento conjunto, han solicitado a la ministra de Cultura que garantice la autonomía profesional de los museos y promueva una revisión pública y sustentada de las decisiones adoptadas.
La declaración conjunta subraya que las decisiones sobre las piezas expuestas no deben responder a afinidades políticas. Los museos argumentan que cualquier modificación de los relatos museográficos debe sustentarse en investigación, argumentos curatoriales y diálogo público. "Ningún gobierno debería decidir qué podemos ver de nuestra historia según sus afinidades políticas, ni imponer una versión que suprima las demás", afirmaron las instituciones en el texto dirigido a la ciudadanía colombiana y a la ministra de Cultura.
Este pronunciamiento surge después de que al menos 30 obras fueran retiradas de las exposiciones del Museo Nacional en Bogotá. Entre las piezas removidas se encontraban afiches de las campañas presidenciales de Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo Ossa, candidatos de izquierda asesinados a principios de la década de 1990.
La decisión de retirar las obras fue precedida por declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella durante su primera visita oficial al Ministerio de Cultura. En esa ocasión, el mandatario anunció instrucciones para remover de los espacios públicos piezas que, según su planteamiento, constituían una apología del terrorismo. "Le he dado instrucciones a la señora ministra para que toda esa oda al terrorismo, en la que aparece Pizarro y demás terroristas, desaparezca de los lugares públicos. No lo voy a aceptar y eso es precisamente lo que hemos venido a enfrentar. No acepto la apología del terrorismo. En este Gobierno se acabó", declaró el presidente.
Los museos firmantes defienden que tienen la responsabilidad de presentar la complejidad de la historia colombiana, incluyendo las experiencias que pueden generar desacuerdos o incomodidad. Sostienen que las obras de arte y los objetos de memoria permiten reconocer las experiencias, luchas y vidas que forman parte del país. "Retirarlos de la mirada pública empobrece nuestra capacidad de comprendernos como sociedad", indicaron los firmantes.
El documento también plantea que la memoria histórica es fragmentaria y se construye a partir de experiencias diversas, silencios, desacuerdos y transformaciones. Desde esta perspectiva, las instituciones señalaron que su función consiste en establecer relaciones entre distintas versiones del pasado y propiciar espacios para múltiples miradas. Reconocen que sus relatos son incompletos y pueden revisarse, pero insisten en que las modificaciones deben realizarse mediante procesos de investigación, incorporación de nuevas voces y diálogo con las comunidades y personas representadas en las piezas. "Si una interpretación resulta insuficiente, corresponde complejizarla, hacer visibles sus límites y ponerla en conversación con otras experiencias", señala el pronunciamiento.
La declaración advierte que imponer una versión única de la historia mediante el silenciamiento de obras, experiencias o comunidades constituye una forma de violencia. Según los firmantes, los museos contribuyen a la paz y la reconciliación al permitir que las diferencias se expresen y entren en relación.
El retiro de las piezas se enmarca en una discusión sobre la representación de figuras y símbolos relacionados con la historia política reciente de Colombia. Durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, el Ministerio de Cultura, bajo la dirección de Juan David Correa, declaró patrimonio cultural de la Nación el sombrero que Carlos Pizarro utilizó durante la firma del acuerdo de paz entre el M-19 y el gobierno de Virgilio Barco. Este objeto formó parte de una serie de símbolos promovidos durante la administración anterior, que también incluyeron la espada de Simón Bolívar, una bandera de la guerra de Independencia y la sotana del sacerdote Camilo Torres, cuya utilización en escenarios políticos generó críticas de diversos sectores.
La controversia actual se centra en el retiro de las obras del Museo Nacional de Colombia. En respuesta, más de 500 personas se congregaron el sábado 17 de octubre en el Museo Nacional para protestar en defensa de la preservación y conservación de la memoria histórica del país. En el lugar se observó la presencia de integrantes de la Unidad Nacional Antidisturbios (Unadi), creada en el gobierno de De la Espriella, custodiando las instalaciones. Entre los convocantes de la manifestación estuvo la exsenadora María José Pizarro, y asistieron el exministro de Cultura Juan David Correa, las exministras Patricia Ariza y Susana Muhamad, así como colectivos feministas e integrantes de organizaciones de la población Lgbtiq+.
Fuente: Infobae
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