Francia | Más de 1.800 personas fueron detenidas durante las protestas contra el encarecimiento de la vida que se desarrollaron el sábado, según informó el ministro del Interior, Laurent Nuñez. El gobierno ha intensificado su respuesta ante los incidentes de saqueos, incendios y enfrentamientos con la policía que tuvieron lugar a seis meses de las elecciones presidenciales.
Nuñez anunció que se han iniciado investigaciones para identificar a los responsables de los disturbios y llevarlos ante la justicia. Las movilizaciones congregaron a diversos sectores sociales, y la violencia generó un debate político sobre los responsables y el uso de la fuerza estatal.
El primer ministro, Sébastien Lecornu, reportó que 150 policías y gendarmes resultaron heridos. El presidente Emmanuel Macron, por su parte, se refirió a los daños en prefecturas, comercios y ayuntamientos, incluyendo el incendio de la alcaldía de Limoges y ataques a edificios municipales en Marsella y Lille. Macron aseguró que los responsables de estos actos serán perseguidos y castigados.
En París, se registraron incendios de vehículos y saqueos de locales por parte de grupos de alborotadores. El alcalde Emmanuel Grégoire describió la situación en la capital, señalando que "hay calles enteras devastadas de manera metódica". El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, solicitó la prisión preventiva para los acusados de estos "actos de violencia urbana de una gravedad inaudita".
La actuación de las fuerzas de seguridad ha sido objeto de escrutinio, especialmente después de que un manifestante perdiera una mano en Saint-Étienne por la explosión de una granada lanzada por agentes, según una fuente cercana a la AFP. Nuñez había advertido previamente que la policía podría usar granadas aturdidoras en disturbios urbanos, a pesar de que las autoridades habían restringido su uso en protestas estudiantiles tras un caso anterior de mutilación.
Las protestas, que reunieron entre 550.000 y 800.000 participantes según estimaciones oficiales y de los organizadores, surgieron de una convocatoria en redes sociales bajo el lema "Amarillos y Jóvenes". Esta iniciativa unió a chalecos amarillos, la generación Z, campesinos, docentes, activistas climáticos y jubilados, con consignas como "Tomamos la Bastilla" y "Macron dimisión".
La crisis actual coincide con la búsqueda del gobierno de aprobar el presupuesto para 2027, que incluye un ajuste fiscal de 54.000 millones de euros. El descontento también se ha visto impulsado por el aumento del costo del combustible desde el inicio del conflicto en Oriente Medio.
Estas movilizaciones evocan las protestas de los chalecos amarillos de 2018 y 2019, que se originaron por el aumento de un impuesto a los combustibles. En esta ocasión, se sumaron estudiantes de liceos que demandan mejores condiciones de estudio desde finales de septiembre. François Boulo, una figura de los chalecos amarillos, destacó la irrupción de la juventud en la escena, lo que, según él, "ha devuelto la esperanza".
Un sondeo de Elabe a mediados de septiembre indicó que dos tercios de los franceses apoyaban el regreso de los chalecos amarillos. En Guéret, una movilización de unas 300 personas reflejó el malestar por el deterioro del poder adquisitivo. Franck, un funcionario que participó en esa concentración, expresó el reclamo: "A finales de mes ya no me queda nada, los precios suben pero los salarios no. No podemos más, nos ahogamos".
Fuente: Infobae
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