Colombia | El representante a la Cámara Heráclito Landinez, miembro del Pacto Histórico, ha expresado objeciones a la ley de sometimiento propuesta por el Gobierno de Abelardo de La Espriella, así como al Estatuto Antiterrorista, ambos proyectos que serán presentados ante el Congreso de la República.
Landinez manifestó su preocupación por las rebajas de penas y los beneficios penitenciarios contemplados en la ley de sometimiento. En una entrevista con El Tiempo, el congresista detalló que la iniciativa propone una reducción del 50% de las condenas, con un descuento adicional del 20% para quienes realicen actividades laborales o estudien. También cuestionó la posibilidad de que los condenados cumplan sus sentencias en colonias agrícolas o establecimientos carcelarios distintos a las prisiones convencionales.
El representante señaló que estas propuestas difieren de lo defendido durante la campaña, donde se había planteado no otorgar rebajas de penas ni beneficios a los condenados. Según Landinez, los descuentos previstos podrían reducir significativamente el tiempo de cumplimiento de las sentencias.
En relación con la negociación con grupos armados, Landinez indicó que el proyecto utiliza la expresión “actor armado”, lo que, a su juicio, implica reconocer la existencia de un conflicto armado y la aplicación de los protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra. Sin embargo, criticó que el proyecto también vincule las categorías de actor armado y terrorista, una distinción que considera relevante para las medidas de seguridad del Ejecutivo. El congresista defendió la necesidad de mantener una salida negociada al conflicto armado colombiano, mencionando al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a las disidencias de las Farc como organizaciones que mantienen la confrontación. Planteó que el debate debe centrarse en si la política gubernamental se orientará solo al sometimiento o también a procesos de negociación.
Respecto al Estatuto Antiterrorista, Landinez objetó que el proyecto otorgaría al consejero de Seguridad Nacional la facultad de elaborar listas de personas y organizaciones consideradas terroristas. Argumentó que esta función corresponde a la Rama Judicial y no a una entidad administrativa del Gobierno. Además, expresó inquietud por la posibilidad de que personas y organizaciones incluidas en listas de Estados Unidos o Europa, como la lista Clinton de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sean automáticamente consideradas terroristas en Colombia. Landinez advirtió que esta clasificación podría extenderse a personas con vínculos con individuos en dichas listas y a las organizaciones a las que pertenezcan.
El congresista también alertó sobre las posibles implicaciones de esta disposición para las organizaciones políticas, mencionando al Pacto Histórico. Según su interpretación, la iniciativa podría permitir decisiones con efectos sobre sectores de oposición, ya que la clasificación de terrorista podría depender de una decisión administrativa del Gobierno y ser utilizada contra adversarios políticos. La discusión de ambos proyectos iniciará en el Congreso de la República.
Fuente: Infobae
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