Costa Rica | La Asamblea Legislativa rechazó el lunes 19 de octubre de 2026 el proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, una iniciativa del Gobierno que buscaba reformar el sector energético. El expediente 23.414 fue archivado tras no alcanzar los 38 votos necesarios en su segundo y último debate, obteniendo 31 votos a favor y 23 en contra.
La propuesta, impulsada por la administración del expresidente Rodrigo Chaves Robles y respaldada por el actual Gobierno de Laura Fernández Delgado, pretendía modificar las reglas de generación y comercialización de electricidad. Entre sus objetivos estaba ampliar la participación de empresas privadas y ajustar el papel del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) dentro del sistema nacional. El proyecto había sido aprobado en primer debate el 26 de mayo de 2026 con 27 votos favorables y 24 negativos, pero la segunda votación requería una mayoría calificada debido a que contemplaba la creación de una nueva institución autónoma.

La votación reflejó las divisiones políticas en el Congreso. Los 30 diputados presentes del Partido Pueblo Soberano (PPSO) votaron a favor, junto con Abril Gordienko del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). En contra se pronunciaron los 15 diputados presentes del Partido Liberación Nacional (PLN), los siete representantes del Frente Amplio y Claudia Dobles de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC). Tres legisladores estuvieron ausentes.
La iniciativa proponía la creación de un Mercado Eléctrico Nacional (MEN), que permitiría a empresas públicas, generadores privados, cooperativas, comercializadoras, distribuidoras y grandes consumidores participar en la compra y venta de electricidad. También contemplaba la creación del Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (Ecosen), una institución autónoma que asumiría funciones de coordinación, operación y administración del sistema eléctrico, actualmente concentradas en el ICE.

Los promotores del proyecto defendían que la reforma aumentaría la competitividad, atraería inversión privada, diversificaría las fuentes de generación y respondería al crecimiento de la demanda energética. Sin embargo, sectores opositores expresaron preocupación por una posible pérdida de atribuciones del ICE y advertían sobre riesgos para las tarifas y el modelo de acceso universal a la electricidad.
En los días previos a la votación, el oficialismo intentó negociar con diputados liberacionistas para asegurar los votos necesarios. Nogui Acosta y Juan Manuel Quesada, jefe y subjefe de fracción de Pueblo Soberano, respectivamente, indicaron que hubo conversaciones sobre futuras modificaciones al sistema eléctrico, incluyendo reformas relacionadas con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) y la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec). No obstante, las negociaciones se complicaron cuando el PLN condicionó su apoyo a que el Gobierno atendiera reclamos por recortes presupuestarios a universidades públicas. Álvaro Ramírez, jefe de fracción liberacionista, negó la existencia de un acuerdo firmado.

Tras el rechazo, Nogui Acosta criticó a los partidos opositores, afirmando que la reforma era necesaria para mejorar la capacidad energética del país y atraer empresas internacionales. Acosta sostuvo que el rechazo representa una oportunidad perdida para fortalecer la competitividad y generar empleos, y negó que la propuesta buscara debilitar al ICE. Por su parte, la diputada Abril Gordienko, quien votó a favor, responsabilizó al Gobierno y a la fracción de Pueblo Soberano por no lograr los acuerdos necesarios, cuestionando la falta de disposición oficialista para incorporar observaciones de otras bancadas.
Álvaro Ramírez, del PLN, defendió la decisión de su bancada, señalando que el rechazo no implica oponerse a la modernización del sistema energético. El PLN presentó cuatro proyectos alternativos para reformar el sector, buscando mantener al ICE como eje del modelo nacional y proteger la solidaridad y sostenibilidad. Entre estas propuestas se encuentra el expediente 25.781, Ley de Seguridad Energética y Modernización del Sistema Eléctrico Nacional.
El archivo del expediente 23.414 significa que no se implementarán las modificaciones propuestas, por lo que no se creará el Mercado Eléctrico Nacional ni el Ecosen, y el ICE conservará sus funciones actuales. La discusión sobre la modernización del sistema energético podrá continuar a través de nuevas iniciativas legislativas.
Fuente: Infobae
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