El Salvador | La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa ha dado su aprobación a una propuesta de amnistía fiscal que se extendería hasta el 11 de diciembre de 2026. Esta medida busca eliminar multas, intereses y recargos asociados a deudas tributarias, aduaneras y sanciones de tránsito, siempre y cuando el capital adeudado sea cubierto.
Marvin Esaú Sorto, director general de Impuestos Internos, presentó la iniciativa ante la comisión, explicando que la amnistía aplicaría a obligaciones acumuladas hasta el 30 de septiembre del presente año. El beneficio está dirigido a una amplia gama de contribuyentes, incluyendo personas naturales, empresas, cooperativas, asociaciones y sociedades de acciones simplificadas.
Sorto enfatizó que el objetivo de la propuesta no es eximir el pago del capital adeudado, sino facilitar la regularización de contribuyentes que han tenido dificultades para cumplir con sus obligaciones. La amnistía permitiría pagar el impuesto principal sin las penalidades generadas por declaraciones omitidas, pagos incompletos, saldos a favor improcedentes o declaraciones presentadas sin el pago correspondiente.
El alcance de la medida incluye casos que se encuentran en procesos de fiscalización, procedimientos de audiencia y apertura a pruebas, recursos ante el Tribunal de Apelaciones de Impuestos Internos y de Aduanas, procesos en la jurisdicción contencioso-administrativa, expedientes ante la Fiscalía General de la República y acciones de amparo constitucional. Los contribuyentes con procesos judiciales podrán desistir total o parcialmente de sus reclamos para acogerse al beneficio, presentando el desistimiento ante la instancia correspondiente y tramitando un acuerdo de pago con la Dirección General de Tesorería.
La iniciativa también abarca obligaciones aduaneras, beneficiando a quienes no presentaron declaraciones de mercancías, incurrieron en omisiones o inexactitudes, o tienen pendientes pagos de derechos arancelarios y otros tributos relacionados con el comercio exterior. Asimismo, contempla las retenciones y percepciones del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA) y las retenciones del impuesto sobre la renta, donde las multas pueden equivaler al 100% de los montos retenidos y no enterados al fisco.
En el caso de las multas de tránsito, la amnistía no condonaría la multa principal por la violación a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, sino únicamente los intereses y recargos generados por su impago. Esta misma regla se aplicaría a multas impuestas por otras instituciones públicas, donde el infractor deberá pagar el monto principal.
Para aquellos contribuyentes que no puedan realizar un pago único, se ofrecerá un plan de hasta nueve cuotas mensuales sin intereses. La primera cuota correspondería al 10% del impuesto complementario adeudado, y el saldo se distribuiría en ocho pagos sucesivos. El incumplimiento de una cuota resultaría en la pérdida del beneficio y la reactivación del cobro de las penalidades.
La medida también busca regularizar sociedades inactivas, entidades que no presentaron declaraciones en cero y empresas que necesitan actualizar datos ante la administración tributaria, como el domicilio para notificaciones o el nombramiento de un auditor fiscal. Sorto mencionó que la amnistía podría ayudar a emprendedores que omitieron declaraciones por desconocimiento, trabajadores que no presentaron su primera declaración de renta o pequeños negocios que no enteraron retenciones.
Según datos presentados por Sorto, la amnistía fiscal de 2025 benefició a 56.195 contribuyentes, con el 71% de la recaudación proveniente de pequeños contribuyentes, el 15% de medianos y el 14% de grandes contribuyentes. El funcionario indicó que la amnistía anterior generó más de $60 millones que, según el Ministerio de Hacienda, fueron destinados a la economía nacional en lugar de al pago de multas e intereses.
Fuente: Infobae
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